Mañana comienza, en Copenhague, la reunión de la Organización Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático. Más de 65 gobernantes concurrirán a una de las citas más importantes de nuestros tiempos. Incluida, claro, la Presidenta Michelle Bachelet. A estas alturas nadie discute que la temperatura del planeta sube década tras década. Tampoco hay mayor debate sobre el impacto devastador que ello tiene. El catálogo de consecuencias superan a las plagas de Egipto: derretimiento de glaciares con las consiguientes sequías, subida de nivel de los mares, nuevas enfermedades, cambios en la agricultura y eventos climáticos cambiantes por sólo nombrar algunas.

La ONU ha convocado a tres conferencias para debatir cómo controlar la amenaza que se proyecta sobre todos los aspectos de la vida terráquea. El primer encuentro tuvo lugar en Estocolmo, en 1972, y allí se planteó el calentamiento como una preocupación internacional. Nunca antes los temas ambientales habían sido abordados por los gobiernos desde una perspectiva global. Esto es, que cada país tiene responsabilidades en el estado del planeta pero ninguno puede resolverlo por sí solo. Luego vino la llamada Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en 1992. Allí surgió ya con nitidez la idea de que, a menos que se realizasen cambios básicos en los comportamientos sociales, el mundo caminaba a un desastre. De esta reunión salieron las bases para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que apunta a estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero. En la declaración final se señala que la meta es: "impedir peligrosas interferencias antropogénicas (humanas) con el sistema climático… para asegurar que la producción de alimentos no resulte amenazada y permitir un desarrollo económico sustentable". La ciudad de Kioto, la vieja capital imperial nipona, fue la sede de la reunión de 1997. Aquí, a medida que la evidencia se hacía más abrumadora, los resultados fueron más concretos y se acordó el Protocolo de Kioto, que fija límites a las emisiones. Pero una cosa son las propuestas y otra tocar el bolsillo de los gobiernos y las compañías. Las empresas petroleras y la industria del rodado cerraron filas en Estados Unidos para bloquear la firma del protocolo. El argumento central fue: cumplir con las metas propuestas haría menos competitiva a muchas empresas norteamericanas acostumbradas a considerar la energía como un bien barato e infinito.

Hay, en todo caso, pocas cosas más complejas que establecer códigos universales de comportamiento. Para fijar un criterio ecuánime en materia de emisiones, compiten varias opiniones: una es la demográfica, que sostiene el principio igualitario, según el cual cada persona debe tener el mismo derecho a emisiones. Así, los países más populosos tienen más derechos de emisión. El segundo es el principio de soberanía, que propone que todos los estados deben reducir sus emisiones en el mismo porcentaje. Está también el principio que el que contamine pague, que busca imponer la carga según antecedentes históricos y no a partir del momento que se firma un acuerdo. Porque mucho depende a partir de qué año se inicia la contabilidad. Finalmente, está el principio de la capacidad de pagar, que argumenta que las naciones deben contribuir en forma proporcional a su riqueza. La mayoría de los países se inclina por los dos últimos criterios. Como se ve, no es nada simple el debate que espera a los delegados en Copenhague.

Lord Nicholas Stern es autor, encargado por el gobierno británico, del estudio más completo sobre el impacto del calentamiento global. Stern, al igual que otros investigadores, partió por señalar lo que ya se sabe: todos los países sufrirán pero, como es habitual, los más pobres lo harán antes y en mayor medida. En cuanto al impacto económico, señala que es preferible la medicina preventiva: fuertes medidas tempranas compensan largamente los costos posteriores. Mantener el statu quo costará un cinco por ciento del PIB mundial, pero si las cosas empeoran, podrá alcanzar hasta 20 por ciento del PIB planetario. Cada tonelada de CO2 emitida causa hoy daños por un valor de 85 dólares. Las emisiones, sin embargo, pueden reducirse a un costo de menos de 25 dólares por tonelada. Cambiar a un mundo de bajas emisiones de carbono traería beneficios económicos equivalentes a dos trillones y medio de dólares. Stern subraya que una política de descarbonización requiere de tres pilares: fijar un precio a las emisiones de carbono, desarrollar tecnologías que reduzcan las emisiones y, lo más importante, implementar una política de eficiencia energética.

Al fijarle un precio al carbono, por la vía de impuestos, la comercialización de emisiones o regulaciones se cobrará por las externalidades que hoy son asumidas por toda la ciudadanía.

En los días venideros se sabrá si los gobiernos ejercitan una retórica verde o si, en verdad, hay una voluntad de cambios que detengan el calentamiento global . A quienes quieran profundizar en este tema, las energías renovables y las alternativas para combatir la huella de carbono, los invito a leer mi recién aparecido libro "Chao, petróleo". //LND