
Miércoles 9 de diciembre de 2009| por J. Escalante / J. Rebolledo
El dramático mensaje "¡Sáquenme de aquí inmediatamente!" que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva escribió a su familia ya con pocas fuerzas, tenía explicación. Entre la somnolencia de su gravedad, cuando los tóxicos inyectados hacían efecto, Frei se daba cuenta de lo que ahora la investigación judicial del juez Alejandro Madrid estableció como verdad jurídica.
El entorno que entonces rodeó al ex Mandatario fue siniestro, plagado de médicos militares, agentes de los servicios de Inteligencia de la dictadura, y otros que gozaban de su amistad y cercanía que lo traicionaron. No todos están aún en la lista de los seis procesados el lunes por el magistrado.
El curso de la indagatoria judicial y policial da cuenta de confabulaciones en distintos ámbitos para favorecer el asesinato y limpiar las huellas. Ello condujo incluso a que el mismo juez dudara fuertemente en un comienzo de que a Frei lo habían eliminado porque constituía un peligro para el régimen dictatorial. En los inicios de la investigación, a inicio de la década del 2000, la tesis de la muerte debido a complicaciones clínicas era la que marcaba el caso, y el crimen aparecía lejano.
Sin embargo, las negligencias médicas y pérdidas de documentos que ahora se establecen dolosas y que antes se apreciaban normales producto del apuro y la urgencia ante la gravedad del enfermo, o del paso del tiempo, constituyeron elementos vitales para que la investigación se fuera enrielando por el camino del homicidio.
La enfermera María Victoria Larraechea Bolívar, profesional residente en 1981 en la Clínica Santa María y hermana de Marta, esposa del candidato presidencial de la Concertación, relata en el proceso algunos hechos que develan aquellas negligencias.
El 8 de diciembre de 1981, día en que tras la primera reoperación Frei entró en estado de shock séptico agudo, los médicos dirigidos por el procesado doctor militar Patricio Silva Garín "se resistían aún a llevarlo a la UTI porque no querían asumir la gravedad" del ex Mandatario.
Cuenta que en la habitación 401 la mandaron a buscar material esterilizado para ponerle un catéter, lo que realizaron a medias porque "uno de ellos puso su chaqueta encima del material esterilizado" contaminando la pureza de los implementos. Dice que recién entonces optaron por llevarlo por primera vez a la UTI en el segundo piso. Pero el catéter "quedó abierto y al llegar a la UTI ya había perdido gran cantidad de sangre" lo que se calculó en un litro y medio.
El entonces subdirector de la clínica, Exequiel Fernández, consideró "inexplicable" que dado el estado crítico de Frei, recién entonces su médico tratante Silva Garín decidió trasladarlo a la UTI. Algo similar declaró la enfermera jefa, Mireya Figueroa.
Entre otras confabulaciones, alguien no identificado aún en el proceso, escondió la ficha clínica del líder DC fuera del archivo de la Santa María. Ésta fue hallada a comienzos de la presente década en un altillo de la casa de Avenida Santa María 0380 "junto a documentos de contabilidad". Según la actual jefa del Archivo General y Estadísticas de la clínica, Josefa Rial Tobio, allí funcionaba la oficina de Contabilidad y Finanzas de la Santa María.
La ficha apareció "misteriosamente", al igual que la oscura autopsia escondida por 20 años por los médicos procesados de la Universidad Católica. Sin lo relativo a la primera operación, y faltaba la última hoja sobre el deceso de Frei Montalva.
A pesar de que el ministro Alejandro Madrid procesó sólo a los médicos Patricio Silva, Pedro Valdivia, Helmar Rosenberg y Sergio González, que tuvieron participación directa en las intervenciones quirúrgicas, visitas extrañas y la autopsia practicada a Frei Montalva, alrededor suyo existió un cerco de médicos-agentes que pasaron por la DINA, la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Este último organismo ha participado de forma selectiva en aquellos crímenes "sensibles" para la dictadura que requerían una acción coordinada más compleja.
Ejemplos son los asesinatos del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, ejecutado un mes después que Frei, y el químico de la DINA, Eugenio Berríos. Uno de los acusados por Berríos es el agente civil Raúl Lillo, también procesado el lunes por Madrid.
Correligionario de Lillo y aún no procesado por el caso Frei es el doctor residente en la Clínica Santa María a la fecha de la muerte del ex Mandatario, Sergio Vélez Valenzuela.
Éste reconoció en el proceso que ingresó a la DINE en 1993 y que entre 1981 y 1982 fue destinado "como capitán de sanidad" a los organismos de inteligencia.
Otro médico de la Santa María al momento del crimen de Frei sin procesar, pero que reconoce su participación en órganos de inteligencia, es Sergio Virgilo Bocaz. Éste declaró que ejerció funciones en esa clínica hasta "aproximadamente" 1981. Virgilo Bocaz declaró en el caso del cabo Manuel Leyton, asesinado en 1977 por la DINA también por envenenamiento en la Clínica London de ese servicio represor.
El ente aglutinador de estos desconocidos médicos es Pedro Valdivia, ex DINA y CNI y otro de los procesados por el juez Madrid. En su caso, las contradicciones son groseras. LN