Eran las 03:34 de la madrugada del sábado y la gran mayoría de los propietarios de los edificios ubicados en Maipú, Macul y Ñuñoa, a esta altura emblemáticos monumentos del desastre, estaban durmiendo. Brooke Marín, que vivía sola en el segundo piso del edificio San Luis de Maipú, recuerda con nerviosismo y heridas en su rostro, piernas y brazos lo sucedido en su departamento ubicado en Luis Gandarillas 360. Debido a los fuertes movimientos sísmicos y la dudosa calidad de la construcción, quedó dos veces atrapada: "Se me trancó la puerta de la habitación, pero logré salir. Llegué al living y el piso se empezó a hundir, se estaba partiendo. Me caían escombros y la puerta de salida se trancó, no podía abrirla. Cuando el departamento se empezó a caer, la puerta se quebró y logré salir. Ahí me agarré de la baranda de la escalera y me tiré (del segundo piso)". Brooke, que vio cómo su inversión de 30 millones de pesos se destruía, se suma a la de muchos damnificados que vieron sus hogares completamente destruidos.

Como si el remezón no fuera suficiente, surgió otro problema: la respuesta de quienes vendieron los departamentos. Salvo la excepción de Paz, que dio una respuesta pública (ver recuadro), las demás inmobiliarias prácticamente no han aparecido. Según Pamela Márquez, vocera de los propietarios del malogrado edificio Don Tristán de Maipú, hasta la fecha ni la inmobiliaria ni la constructora han respondido por los daños. "La inmobiliaria Francisco de Aguirre (MIG) construye edificios en Las Condes y La Dehesa. Cuando nosotros compramos estos departamentos, nos mostraron los de esos lugares. La fachada era la misma, pero los materiales que utilizaron para construir acá en Maipú no fueron los mismos… Jugaron con nuestras vidas", denuncia. Para Márquez la cosa está clara: "La culpa no es del terremoto, sino de la constructora, por utilizar malos materiales de construcción, y de la inmobiliaria que aún no responde… quiero que quede eso bien claro. A los edificios de al lado no les pasó nada".

Marjorie Cajas, que vivía en el piso 7 del Condominio Sol Oriente, ubicado en Macul 2301, está decepcionada de la inmobiliaria Viva y de la constructora Sigro. "No nos han respondido de la inmobiliaria ni de la constructora, que son lo mismo. Ellos nos dijeron: 'qué lástima que tengan que ser allegados'. Yo no creo que ésa sea una respuesta correcta. Yo ya no confío en ellos". En este condominio, compuesto de dos torres de 18 pisos, había una orden desde la inmobiliaria para que se desalojara, pero poco importó a los vecinos que durante toda la semana sacaron sus muebles a través de improvisados y peligrosos mecanismos de cuerdas. Cajas denuncia que nadie les ha facilitado un lugar donde vivir ni tampoco "han ofrecido la ayuda de ponerse, por lo menos, con los fletes".

Buscando al dueño…

MIG es la sigla de la inmobiliaria perteneciente a Sebastián González del Campo, Francisco Javier Infante Fernández y Álvaro Mujica Ihnen, quienes con sus respectivas esposas formaron esta empresa en 1998.

Los propietarios de los departamentos de los edificios Don Tristán y Don Luis de Maipú se confiaron, precisamente, en la trayectoria de esta empresa, dado que como botón de muestra de la "calidad" de sus proyectos, mostraban los elegantes condominios en Lo Barnechea, como Golf Lomas de La Dehesa, Condominio Polo Manquehue 4 o Condominio Los Trapenses, entre otros 14 proyectos en el barrio alto y Chicureo. Esos proyectos no sufrieron ningún rasguño.

Desde el colapso de los edificios, los dueños no han aparecido. LND concurrió a sus domicilios en Colina, en el Condominio Santa Luisa 31, de propiedad de Mujica, y allí el guardia informó que no había "nadie con ese nombre". También al Condominio Los Ciruelos, donde los guardias informaron que Sebastián del Campo había salido y que su señora pedía que "dejaran recado y llamarían de vuelta". Eso, por cierto, nunca ocurrió. Otro tanto se efectuó en el domicilio de Infante, en Providencia. Nadie habido.

MIG tenía supuestamente un domicilio en Camino Chicureo 777, donde actualmente existe una casona sin moradores.

Maipú no es la única comuna donde parece que el estándar de construcción es diferente. En Macul, comuna de clase media, el domingo 4 había una fila interminable de vehículos, porque había camiones de mudanza para evacuar el edificio de Macul 2301, construido por Sigro. La constructora tiene famosos proyectos inmobiliarios, entre ellos, el Hotel Ritz Carlton, ubicado a un costado de la Municipalidad de Las Condes y que ha alojado al Sultán de Brunei. "Estamos en perfecto estado y sólo se perdieron licores, loza, jarrones, y algo de decoración", respondió a LND una amable recepcionista. En contraste, el jueves el alcalde de Macul, Sergio Puyol, anunciaba ante los afligidos vecinos que estaba dispuesto a demoler el inmueble.

Nombres de fantasía

Maipú es la comuna más golpeada en Santiago por problemas de mala calidad de la infraestructura. Además de los edificios de MIG, hay otros dos de la inmobiliaria Konhill, que son Edificio Los Jazmines, en Tristán Valdés 275, y Condominio Los Jazmines II, Tristán Valdés 164. Y aquí empiezan los problemas para los propietarios: la empresa no tiene página web y sólo hay avisos de la inmobiliaria en portales que anuncian los proyectos.

En los registros del Diario Oficial y Dicom aparece que los socios de inmobiliaria Konhill son dos empresas: Inversiones Santa Isabel Limitada y Asesorías Pepool Limitada. A su vez, Inversiones Santa Isabel tiene como socios a Andrés Navarro, dueño de la empresa de informática Sonda, y su mujer Sonia Betteley. El domicilio: Teatinos 500, donde funciona Sonda. Navarro ha sido socio de Sebastián Piñera y su empresa hizo prácticamente fracasar el Transantiago al no funcionar el software elaborado por su compañía. En tanto, Asesorías Peepol tiene como socios a Alvaro Pérez Frugone, gerente de control interno de Sonda, su mujer María Pooley Carvajal y la hija de ambos.

La evaluación municipal indica que el edificio de Tristán Valdés 275 tuvo que ser evacuado, mientras que el signado con el 164 tiene daño estructural en 10 departamentos. "Han venido técnicos a verlo, pero algunos dicen que se puede habitar, otros dicen que no. Al final la gente decide no llegar acá, porque los departamentos por dentro están destruidos. Por fuera, el edificio se ve impeque", contó a LND Soledad Berríos, presidenta del comité de propietarios. La vecina indica que el representante de la empresa, Mario Navarro, se ha acercado a hablar con los afectados "y dijo que la empresa se iba a hacer responsable de los daños. Ahora, si será verdad o no, es otra cosa".

Contactado por LND, Navarro informó que "los edificios del Condominio Los Jazmines II, de Tristán Valdés 164, no tienen daños estructurales, y que los deterioros no estructurales son mínimos y se están reparando", precisando que se trataba de su opinión "y también de otros ingenieros que hemos revisado acuciosamente los edificios".

Respecto a la comunidad Los Jazmines I, de Tristán Valdés 275, admitió que "tiene algunos daños estructurales, los que son totalmente reparables", precisando que "los daños fueron evaluados por el ingeniero calculista Ulises Valenzuela, quien está preparando y diseñando el plan de reparación". Además, señaló que la empresa está solicitando una inspección ocular a la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (Dituc), organismo al que se le pedirá también la revisión del plan de reparación, una vez que esté elaborado.

La constructora Konhill sólo tiene esos edificios en la comuna.

El edificio de la CGE

El edificio Central Park, de Balmaceda 2150, tiene por dueño a Inmobiliaria General o IGSA, cuyo presidente es Francisco Marín y es la inmobiliaria perteneciente a la Compañía General de Electricidad (CGE), cuyos negocios son, entre otros, la distribución de electricidad, Gasco y Cementos Polpaico. Según consigan en su página web, CGE sólo en el sector eléctrico, participa, a través de filiales y empresas relacionadas, en las regiones XV, I, II, III, IV, V, Región Metropolitana, VI, VII, VIII, IX y XII y en las provincias argentinas de San Juan, Tucumán y Jujuy. El edificio Central Park fue desalojado por orden de la Municipalidad de Santiago por peligro de derrumbe.

En Macul, otro edificio evacuado es Don Manuel, de la inmobiliaria Banmerchant, un holding financiero cuyo socio fundador, Julio Jaraquemada, es presidente del Banco Internacional. La inmobiliaria tiene proyectos en el Parque Forestal en Santiago, La Florida, Ñuñoa, Providencia, Cerrillos, Padre Hurtado y Quilicura. La constructora del edificio es Ebco, que ha edificado elegantes condominios en Vitacura, Las Condes, La Dehesa y Algarrobo.

En el epicentro del terremoto, la imagen que dio la vuelta al mundo fue el Condomonio Alto Río en Concepción. La constructora Socovil ha hecho varios trabajos en la zona y uno de sus socios, Juan Ignacio Ortigosa, era el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, que renunció a su cargo el pasado martes 2.

De todas la inmobiliarias nombradas, la única que entregó una solución a sus vecinos fue Paz Corp (ver nota secundaria), cuyo edificio Emerald estuvo a punto de caerse en Avenida Irarrázaval y desató una situación de emergencia en pleno corazón de Ñuñoa. Paz Corp, ex Paz Froimovich, es una de las principales constructoras de Santiago. Y fue la que originó la desafortunada frase del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Lorenzo Contans, quien indicó que "hay edificios que están inclinados, el ejemplo más claro es la Torre de Pisa que se ha mantenido por siglos en pie". El dirigente gremial se disculpó públicamente tras el exabrupto.

Normativa

El Decreto 458 de 1975, o Ley General de Urbanismo y Construcción del Ministerio de Vivienda, es la base sobre la que descansa la regulación de la construcción en Chile. En su Artículo 116 bis A, establece la obligación de que el propietario de la nueva construcción contrate a un revisor externo, quitándole así la atribución de fiscalización a los municipios. Los servicios del revisor externo, que están en un listado autorizado del Minvu, deben ser pagados por la inmobiliaria o constructora interesada. "Con esa norma, los municipios dejan de tener tuición sobre la fiscalización y se traslada a los revisores independientes de cálculo", explica a LND el arquitecto Julio Alegría, ex presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos.

Los alcaldes de Macul y Ñuñoa han reclamado públicamente que la tuición sobre la calidad de la construcción vuelva a los municipios. Esta solución no es compartida ni por representantes del Colegio de Arquitectos ni por el Colegio de Ingenieros.

"Ahora los municipios no tienen los especialistas. El problema de fondo es estudiar que esto sea visto por un organismo externo, entre privado y privado. ¿Cuál podría ser ese organismo? No se le puede pedir eso a las municipalidades pobres, si apenas les da para revisar las carpetas", dice Alegría.

Por otra parte, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Sergio Contreras, explica que en Chile basta sólo el título universitario de ingeniero civil, ni siquiera especializado en estructuras, "y quedo inmediatamente habilitado para calcular y revisar un edificio del tamaño que se me ocurra. Entonces, un alumno que viene saliendo, sin ninguna experiencia, puede calcular un edificio. Peor que eso, puede ser un ingeniero químico, un civil industrial que se dedican de la administración. Eso sí que es un tema complicado, porque en los países anglosajones se le exige a la persona que demuestre hacer ingeniería y recién ahí le dan una licencia para firmar los planos".

Quién debería efectuar dicha certificación es un tema aún a discutir. "Es muy complicado, porque alguien podría plantear que va contra la Constitución y la libertad de trabajo, pero por otra parte pasa esto, que se está amenazando a toda la población", dice Contreras. //LND