El Estado argentino será querellante en una causa que investiga si el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) cometió defraudación pública y perjuicio fiscal al acordar un préstamo con el FMI por 57.000 millones de dólares, el mayor otorgado por el organismo, según el decreto publicado este viernes.
La orden impulsada por el presidente Alberto Fernández instruye a la Procuración del Tesoro Nacional a representar al Estado en la causa que se tramita en la justicia criminal y a “iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados”.
Dada “la relevancia económica del préstamo analizado, amerita la adopción de urgentes medidas tendientes a evaluar con sustento en los informes técnicos y consultivos pertinentes, la posible existencia de perjuicio fiscal como consecuencia del uso inadecuado de los fondos”, sostiene el decreto.
Argentina recibió 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en el marco de un programa por 57.000 millones suscrito en 2018.
Cuando asumió en diciembre de 2019, Fernández renunció a recibir los tramos pendientes del acuerdo, que calificó de “tremendo error”.
Además de Macri, la justicia criminal investiga al exministro de Economía Nicolás Dujovne y a los expresidentes del Banco Central Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sanleris.
El gobierno de Fernández busca acordar con el Fondo un programa de facilidades extendidas de hasta 10 años con cuatro de gracia, en reemplazo del actual que prevé pagos por 3.500 millones de dólares este año, 18.000 millones de dólares en 2022 y 19.000 millones en 2023.
