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El TC declaró admisible requerimiento de Orpis para anular su condena

Mediante un escrito presentado por sus abogados Arturo Fermandois y Sergio Rodríguez, el exparlamentario de la UDI interpuso una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de ciertas normas del Código Orgánico de Tribunales que permitieron su condena por mayoría simple. Orpis acusa que, en caso de ser condenado, que sea en fallo unánime y no por mayoría.
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El Tribunal Constitucional (TC) admitió el requerimiento presentado por el exsenador Jaime Orpis para anular la condena de 5 años y 600 días de prisión efectiva que el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó en su contra el pasado 16 de abril, en el marco del caso Corpesca.

El exparlamentario de la UDI fue condenado por fraude al Fisco y cohecho tras ser declarado culpable de recibir dinero en 2013 de Corpesca -la mayor pesquera de Chile- para favorecerla en la tramitación de una nueva Ley de Pesca.

Mediante un escrito presentado por sus abogados Arturo Fermandois y Sergio Rodríguez, Orpis interpuso una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de ciertas normas del Código Orgánico de Tribunales que permitieron su condena por mayoría simple. El exlegislador UDI acusa que, en caso de ser condenado, que sea en fallo unánime y no por mayoría.

Según la defensa de Orpis, la norma afecta la presunción de inocencia y el estándar probatorio, “más allá de toda duda razonable”.

Además, el TC determinó que se suspenda la revisión del recurso de nulidad presentado por el exsenador en la Corte de Apelaciones, el cual también busca anular la condena en su contra.

Recordemos que en la audiencia donde fue sentenciado a cárcel efectiva, la justicia determinó que Orpis no podrá acceder a ningún beneficio para evitar ir a la cárcel, por lo que deberá cumplir con la pena dictada. También debe una multa cercana a los $5.983.790, correspondientes a un 5% de lo defraudado, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos y postular a cargos u oficios públicos mientras dure la condena.

De todas formas, se estableció que a la pena total se le descontarán 1.300 días por el tiempo que estuvo con medidas cautelares durante la investigación.

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