El empresario Álvaro Robles declaró ante el Ministerio Público contra el abanderado presidencial del Partido Comunista y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras acusar una presunta estafa de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

Dueño de la empresa dedicada a la venta de insumos farmacéuticos Best Quality Products S.A., Robles entregó testimonio ante la Fiscalía Centro Norte contra la Achifarp, organización que Jadue preside, asegurando que le deben $956 millones por productos para combatir la pandemia y que es “el único cliente que no cumplió los pagos”.

El ingeniero comercial de 50 años entregó su testimonio ante la persecutora Giovanna Herrera, mientras que había denunciado la situación frente al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 5 de marzo.

Según el afectado, su empresa importa productos desde China y vendió cajas de mascarillas, guantes y termómetros a la Achifarp a mediados del 2020, operación por la cual acusa no haber recibido los pagos correspondientes.

Además, el empresario detalló que Best Quality Products S.A. se dedicaba a la importación de insumos y de consumo masivo hasta la pandemia. Según indicó un documento revelado por La Tercera: “Cuando se inicia 2020 y se origina el brote de Covid-19, tuve la oportunidad de iniciar el giro de insumos médicos debido a la escasez en China de tales insumos”.

“Empezamos a contactar a potenciales clientes (…), logrando un acuerdo de distribución de mascarillas en las clínicas de Red Salud de todo Chile”, agregó, explicando que empezó a trabajar con “Prosegur, Inmobiliaria Almagro, SK Comercial, Municipalidad de Buin, Municipalidad de Lo Espejo, Terminal Pesquero Metropolitano, Clínica Diagnóstico San Vicente de Paul, Transportes Chevalier, entre otros”.

“La situación pandémica nos abrió la posibilidad para comercializar nuestros productos de forma directa con nuevos clientes en el norte de Chile, suministrando tanto a empresas eléctricas como a divisiones del Ejército de Chile en Antofagasta y otros”, complementó.

Según Robles, los problemas aparecieron cuando empezó a negociar con la Achifarp a mediados de 2020, donde se contactó con Matías Muñoz para vender en la Municipalidad de Recoleta. A fines de julio se realizaron cuatro reuniones entre Daniel Jadue y su vendedor, César Ramírez, en las cuales acusa “nos auspiciaban un próspero futuro junto a las Farmacias Populares y luego junto a los Supermercados Populares”, aunque Castro no participó de dichas conversaciones.

La propuesta se concretó con el jefe comunal y las adquisiciones se harían mediante la asociación de farmacias, con la primera venta realizada el 1 de julio de 2020 con $157 millones, siendo la mercadería entregada el mismo día.

Sin embargo, el empresario acusó que “Ramírez me indica que Daniel Jadue nos había solicitado no cobrarlo, ya que no habría fondos en ese momento y que solo operara como garantía”. Además, señaló que el gerente de la Achifarp, Daniel Moraga, pidió modificar el trato.

“Actualmente el único cliente de toda nuestra cartera que no cumplió con los pagos es Achifarp, quien tras más de nueve meses desde que iniciamos relación comercial, tan solo ha pagado directamente la suma de $190 millones (a través de 40 transferencias bancarias), dejando un saldo restante de $956 millones, sin contar los tres factoring y los demás perjuicios por morosidad y no pagos de IVA y multas venideras al Servicio de Impuestos Internos”, cerró el testimonio.

El abogado Ramón Sepúlveda, defensa de Daniel Jadue, critica que la querella no tiene ningún fundamento: “Se trata de una situación comercial respecto de un proveedor que ha querido lucrar en exceso con la pandemia, donde además de esta acción penal existe una causa civil que es donde se deben ventilar estos asuntos”.

“En la propia declaración el querellante reconoce no haber tenido nunca contacto con Daniel Jadue, lo que deja en evidencia que la querella se presenta en contra del alcalde de Recoleta solo por una cuestión mediática. Por nuestra parte, estamos aportando todos los antecedentes a la fiscalía y esperamos pronto poder solicitar el sobreseimiento, ya que no existe ningún elemento que permita configurar los delitos que el empresario señala en su acción”, agregó.