Este martes se decretó arraigo nacional para dos de los tres detenidos en las inmediaciones de la zona en donde fue muerto el sargento primero Francisco Benavides, quien falleció el lunes en el sector de Collipulli tras recibir un disparo en el tórax durante una emboscada, cuando volvía de un procedimiento de un corte de ruta.

Según explicó la Fiscalía, los individuos fueron aprehendidos una hora después del atentado, por lo que no hay antecedentes que los vinculen con los impactos de bala que provocaron la muerte del funcionario policial. Además, la instancia judicial determinó dos meses de plazo para la investigación.

De acuerdo a información del fiscal Carlos Bustos, quien posee dedicación exclusiva para la investigación: “Objetivamente al día de hoy respecto de estas personas no existe ningún vínculo en relación al hecho investigado, esto es el homicidio”.

“Sin embargo, debemos recordar que es una investigación que está recién comenzando, no tiene aún 24 horas desde la ocurrencia del hecho y generalmente por la complejidad de estas investigaciones requieren un mayor plazo para poder investigar”, enfatizó el persecutor.

A uno de los detenidos, Guillermo Pérez, se le formalizó una infracción al artículo 268 del Código Penal, relacionada con interrupción de la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, además de maltrato de obra a Carabineros y ocultación de identidad, por lo que el tribunal decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

En tanto, María Ancalaf también fue imputada por el artículo 268 y atentado a la autoridad, por lo que quedó con arraigo nacional.

Respecto al tercer detenido, Jorge Llanca, el Ministerio Público solicitó ampliar su detención debido a antecedentes que lo ubican en un grupo de personas que habrían disparado contra Carabineros, no necesariamente el mismo que causó la muerte del sargento Benavides. Así, se está esperando a la revisión del material audiovisual para su formalización.