El gobierno ha dado a conocer los datos acerca de cobertura educacional que derivan de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) correspondiente a 2009. Como se informó en las semanas previas, este sondeo ha demostrado dos conclusiones generales: un aumento de la tasa de pobreza, causada básicamente por la crisis económica y el alza de precios de los alimentos, y mayor inequidad en la distribución del ingreso. Se trata, por tanto, de noticias incómodas para la conciencia ética del país y la idea colectiva de construir una nación más justa e integrada.

En este contexto las cifras relacionadas con educación marcan un cierto alivio, no porque sus problemas de fondo o estructurales estén resueltos, sino porque en medio de algunos altibajos persiste la tendencia hacia mejores resultados. Según la Casen, el acceso de los jóvenes más vulnerables a la enseñanza profesional y técnica ha subido entre dos y siete puntos a partir de 2006, en una curva alcista que es sostenida, ya que entre 1990 y 2009 el acceso a formación superior para los más pobres se ha triplicado.

Este crecimiento de la participación se inscribe en un cuadro general de expansión: hace 20 años el 15,60% de los jóvenes estaba en estudios terciarios y en 2009 ese porcentaje había escalado a 39,60%. Desde luego esta realidad genera un nuevo escenario de demandas y presiones, en particular respecto de la función del Estado como prestador o garante de créditos y becas.

Sin embargo, hoy 60,7% de los adolescentes de menores recursos tiene la probabilidad de concluir su enseñanza secundaria, mientras en los niveles más ricos este índice sube a 97%. Esta escisión en el proceso formativo conduce a que mientras el decil más adinerado tiene un 93,3% de posibilidades de acceder a estudios superiores, en el decil más pobre esa alternativa baja a sólo 19,1%. Estos números se correlacionan con los que han evidenciado los márgenes de vulnerabilidad e inequidad, aunque la incorporación de los sectores más pobres a la oferta educacional objetivamente ha crecido. Chile, de hecho, pasó de 10,2 años promedio de escolaridad entre 2006 y 2009 a 10,4 años entre 2006 y 2009. Esto significa que el país dispone en la actualidad de un capital humano más preparado y de individuos que ya están mejor dispuestos para los desafíos laborales de los futuros mercados.

A pesar del clima de debate crítico en torno a la calidad de la educación, lo cierto es que la cobertura de ésta ha aumentado y las personas claramente advierten que la vía para la movilidad social pasa por las aulas. En rigor, la encuesta Casen ha revelado que el tránsito por la universidad marca la diferencia principal de ingreso de las personas: con 17 años de estudios, la renta promedio mensual alcanza a $1.100.000; sólo con enseñanza media, $357.000.

La asociación de la formación con el incremento de la participación individual en el ingreso, constituye un desafío para asumir los imprescindibles cambios en el sistema educacional que permitan la corrección de la inequidad. Sólo la reducción de la brecha que se incuba desde la enseñanza facilitará aplanar las diferencias económicas posteriores.