La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a el ministro de Defensa Francisco Vidal, firmaron este martes en el Palacio de La Moneda la Ley Nº 20.424 que crea el Estado Mayor Conjunto y reorganiza el Ministerio de Defensa.

La Mandataria destacó que la nueva normativa "introduce una innovación muy importante, porque transforma el actual Estado Mayor de la Defensa Nacional en un Estado Mayor Conjunto, cuyo jefe será el conductor estratégico de las operaciones militares chilenas y que dependerá del Presidente de la República a través del Ministro de Defensa".

Con respecto a la asignación de la máxima autoridad castrense, el ministro de Defensa, Francisco Vidal, explicó que "de acuerdo la Ley, la Presidenta tendrá en su poder 18 nombres que son 8 generales del Ejército, 5 vicealmirantes y 5 generales de aviación, de esos 18 nombres, de acuerdo la ley, la Presidenta elige uno como Jefe de Estado Mayor Conjunto".

"La facultad de la Presidenta la tiene desde este minuto si ella la decide de forma autónoma o no es una decisión de ella quién será el próximo jefe", complementó.

En cuanto a los cambios en la cartera, Bachelet dijo que la nueva Ley "reconstruye al Ministerio de Defensa como la agencia de Estado encargada de materializar el ciclo de la política de defensa militar y la estrategia militar y así como el conjunto de las políticas de gestión financieras de adquisición y personal de defensa"

Además, se fortalece institucionalmente la figura del ministro de Defensa, donde se finalizan las subsecretarias para cada rama de las Fuerzas Armadas. "Se crean 2: la subsecretaria de defensa responsable de formular la política de defensa y la subsecretaria de la fuerzas armadas encargada de la gestión del Ministerio", declaró Bachelet.

A modo de síntesis, la Jefa de Estado indicó que con la promulgación de esta ley "el país está completando una de las más difíciles y ambiciosas reformas modernizadoras que han puesto en marcha los gobiernos de la Concertación, entendiendo siempre que la Defensa tiene que ser una política de Estado, pero que también debe responder a los estándares que demanda una democracia moderna". 

El proyecto fue aprobado el 22 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados por 84 votos a favor y 7 en contra.