La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó, en una entrevista publicada hoy en Lima, que la subordinación del Poder Judicial de su país ante los servicios secretos ha generado que se convierta en un “Estado policial”, en lugar de uno en el que se defiendan los derechos de los ciudadanos.
Ortega dijo al diario El Comercio que “acá las carretas están delante de los caballos, el Sebin (servicios secretos) le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece. Esto no es un Estado de derecho, es un Estado policial”.
En ese sentido, “de consolidarse la (Asamblea) Constituyente, los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana. De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia”, sentenció.
Ortega agregó que “imponer la Constituyente es un error y pudiera abrir las puertas a más violencia” porque significaría que un sector “aniquile” al resto del país.
Asimismo, la fiscal general señaló que le preocupa “enormemente que muchos militares se presten para la violación de derechos humanos y actúen como si la justicia nunca los fuese a tocar”.
Ortega se manifestó en contra de una salida militar a la crisis en su país y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro “si me ocurriera algo a mí o a mis familiares” por haber declarado que las resoluciones del TSJ son un ruptura constitucional.
La fiscal insistió en que el 90 % de la población venezolana rechaza la Constituyente porque “sabe que ella no va a resolver la cisis” y criticó que a los gobernantes no les interese la calidad de vida de la población y el “calvario” que atraviesan cada día.
“Mi única aspiración es defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía”, respondió Ortega a las acusaciones del oficialismo de tener aspiraciones políticas y presidenciales.
La titular del Ministerio Público añadió que “el país y los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta zozobra, en un país donde el futuro cada día es más difuso”.
La oposición venezolana mantiene una serie de marchas de protesta contra el gobierno de Maduro y su intención de convocar a comicios el 30 de julio para nombrar a los integrantes de la Asamblea Constituyente.
Ortega dijo al diario El Comercio que “acá las carretas están delante de los caballos, el Sebin (servicios secretos) le dicta líneas al Poder Judicial y este obedece. Esto no es un Estado de derecho, es un Estado policial”.
En ese sentido, “de consolidarse la (Asamblea) Constituyente, los venezolanos comenzaríamos a vivir las horas más oscuras de toda nuestra historia republicana. De consolidarse este proyecto, se terminaría de desmontar definitivamente la democracia”, sentenció.
Ortega agregó que “imponer la Constituyente es un error y pudiera abrir las puertas a más violencia” porque significaría que un sector “aniquile” al resto del país.
Asimismo, la fiscal general señaló que le preocupa “enormemente que muchos militares se presten para la violación de derechos humanos y actúen como si la justicia nunca los fuese a tocar”.
Ortega se manifestó en contra de una salida militar a la crisis en su país y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro “si me ocurriera algo a mí o a mis familiares” por haber declarado que las resoluciones del TSJ son un ruptura constitucional.
La fiscal insistió en que el 90 % de la población venezolana rechaza la Constituyente porque “sabe que ella no va a resolver la cisis” y criticó que a los gobernantes no les interese la calidad de vida de la población y el “calvario” que atraviesan cada día.
“Mi única aspiración es defender la actual Constitución y los derechos de la ciudadanía”, respondió Ortega a las acusaciones del oficialismo de tener aspiraciones políticas y presidenciales.
La titular del Ministerio Público añadió que “el país y los venezolanos no podemos seguir viviendo en esta zozobra, en un país donde el futuro cada día es más difuso”.
La oposición venezolana mantiene una serie de marchas de protesta contra el gobierno de Maduro y su intención de convocar a comicios el 30 de julio para nombrar a los integrantes de la Asamblea Constituyente.
