La fiscalía alemana pidió este martes la extradición a España del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, detenido en Alemania el pasado 25 de marzo, pedido sobre el cual debe pronunciarse en los próximos días un tribunal regional.
El persecutor general del estado de Schleswig-Holstein, a cargo del caso, reconoció la validez en el derecho germano de los cargos de “rebelión” y “malversación” que la justicia española le imputa al ex mandatario, por lo que solicitó su extradición.
Mediante un comunicado el fiscal dijo que el político que dejó Cataluña tras el fallido intento independentista que fue aprobado mayoritariamente por los catalanes pero vetado por el gobierno español, continuará detenido en Alemania a la espera de la decisión del tribunal.
El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, minimizó la petición de extradición y dijo que “lo que hubiera sido noticioso y excepcional hubiera sido lo contrario”.
“Ahora serán los tribunales los que tendrán que decir. Ahora empieza el proceso de extradición”, dijo en declaraciones a la radio catalana RAC1.
Tras la “evaluación detallada de la orden de detención europea” emitida por la justicia española el 23 de marzo, la fiscalía estimó que la demanda era “admisible” y justifica mantener detenido a Puigdemont porque existe “riesgo de fuga”.
El expresidente catalán, destituido el 27 de octubre por el gobierno español tras un intento fallido de secesión, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania cuando volvía en automóvil desde Finlandia a Bélgica, donde reside desde que salió de España.
Desde entonces está detenido en la prisión de la ciudad de Neumünster, en el norte de Alemania.
La decisión final de extraditarlo está ahora en manos del tribunal superior de justicia regional del estado de Schleswig-Holstein, situado en la ciudad de Schleswig, que tiene 60 días para pronunciarse.
Este tribunal indicó que examinará si existe motivo para el encarcelamiento de Puigdemont y si la petición de extradición es admisible.
En su comunicado, la fiscalía explicó que los dos principales cargos imputados por la justicia española tienen equivalente en el derecho alemán.
Puigdemont está acusado de “malversación” por haber organizado un referéndum declarado ilegal por la justicia española, y también de “rebelión”.
Aunque el delito de rebelión no existe específicamente en la legislación alemana, la fiscalía considera que es parecido al de “alta traición”, inscrito en el código penal, y que es suficiente para justificar la extradición.
Según la fiscalía el delito de rebelión “contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos”, con lo que es equiparable al de alta traición.
“Legalmente no es exigible una coincidencia literal de los códigos penales alemán y español”, indica el comunicado.
El lunes Puigdemont había recurrido su procesamiento, asegurando que no se justifica la acusación de rebelión porque este delito comporta la noción de alzamiento violento.
Según el recurso, si hubo violencia antes o durante el referéndum del 1 de octubre fue puntual y exclusivamente atribuible a “quienes llevasen a cabo dichas conductas”.
Aparte de Puigdemont, otros nueve destacados independentistas, entre ellos seis integrantes de su antiguo ejecutivo, están en prisión preventiva en España en el marco de la misma causa.
En las elecciones regionales del 21 de diciembre los separatistas renovaron su mayoría de escaños en la cámara (70 diputados de 135), pero desde entonces, sus desacuerdos y la acción de la justicia han impedido la investidura de un candidato presidencial.
El persecutor general del estado de Schleswig-Holstein, a cargo del caso, reconoció la validez en el derecho germano de los cargos de “rebelión” y “malversación” que la justicia española le imputa al ex mandatario, por lo que solicitó su extradición.
Mediante un comunicado el fiscal dijo que el político que dejó Cataluña tras el fallido intento independentista que fue aprobado mayoritariamente por los catalanes pero vetado por el gobierno español, continuará detenido en Alemania a la espera de la decisión del tribunal.
El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, minimizó la petición de extradición y dijo que “lo que hubiera sido noticioso y excepcional hubiera sido lo contrario”.
“Ahora serán los tribunales los que tendrán que decir. Ahora empieza el proceso de extradición”, dijo en declaraciones a la radio catalana RAC1.
Tras la “evaluación detallada de la orden de detención europea” emitida por la justicia española el 23 de marzo, la fiscalía estimó que la demanda era “admisible” y justifica mantener detenido a Puigdemont porque existe “riesgo de fuga”.
El expresidente catalán, destituido el 27 de octubre por el gobierno español tras un intento fallido de secesión, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania cuando volvía en automóvil desde Finlandia a Bélgica, donde reside desde que salió de España.
Desde entonces está detenido en la prisión de la ciudad de Neumünster, en el norte de Alemania.
La decisión final de extraditarlo está ahora en manos del tribunal superior de justicia regional del estado de Schleswig-Holstein, situado en la ciudad de Schleswig, que tiene 60 días para pronunciarse.
Este tribunal indicó que examinará si existe motivo para el encarcelamiento de Puigdemont y si la petición de extradición es admisible.
En su comunicado, la fiscalía explicó que los dos principales cargos imputados por la justicia española tienen equivalente en el derecho alemán.
Puigdemont está acusado de “malversación” por haber organizado un referéndum declarado ilegal por la justicia española, y también de “rebelión”.
Aunque el delito de rebelión no existe específicamente en la legislación alemana, la fiscalía considera que es parecido al de “alta traición”, inscrito en el código penal, y que es suficiente para justificar la extradición.
Según la fiscalía el delito de rebelión “contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos”, con lo que es equiparable al de alta traición.
“Legalmente no es exigible una coincidencia literal de los códigos penales alemán y español”, indica el comunicado.
El lunes Puigdemont había recurrido su procesamiento, asegurando que no se justifica la acusación de rebelión porque este delito comporta la noción de alzamiento violento.
Según el recurso, si hubo violencia antes o durante el referéndum del 1 de octubre fue puntual y exclusivamente atribuible a “quienes llevasen a cabo dichas conductas”.
Aparte de Puigdemont, otros nueve destacados independentistas, entre ellos seis integrantes de su antiguo ejecutivo, están en prisión preventiva en España en el marco de la misma causa.
En las elecciones regionales del 21 de diciembre los separatistas renovaron su mayoría de escaños en la cámara (70 diputados de 135), pero desde entonces, sus desacuerdos y la acción de la justicia han impedido la investidura de un candidato presidencial.
