El fiscal general de Venezuela informó que abrió una investigación tras una denuncia en un pueblo fronterizo con Colombia, de que cinco campesinos fueron presuntamente ajusticiados por la policía y hechos pasar por guerrilleros.

Raiza Remolina denunció que sus familiares fueron detenidos y asesinados por el grupo élite de la policía FAES en La Victoria (estado Apure, oeste), donde el gobierno ha reportado enfrentamientos militares con supuestos grupos irregulares.

“A mis familiares se los llevaron” y “aparecieron tirados en el campo con lo que usan los grupos irregulares”, señaló Remolina en un video difundido en redes sociales, del cual se hicieron eco organizaciones de derechos humanos como Provea.

“Fueron asesinados vilmente el 25 de marzo”, indicó. “Era gente inocente que no tenía nada que ver con grupos irregulares, (era) gente que se dedicaba al trabajo de campo”.

Los cadáveres de cuatro personas –aparentemente los familiares de Remolina– aparecen en un escampado, algunos junto a una granada, y otros a un arma corta, según fotos a las que accedió la AFP. Llevan pantalón y botas de campaña.

El fiscal general Tarek Saab designó a dos fiscales para investigar los sucesos ocurridos en La Victoria.

“En caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente”, escribió en Twitter, aunque sin referirse directamente a los asesinatos.

“Su actuación le dará mayor transparencia a todo lo que ocurre al sur del estado Apure”, escribió poco después el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que sostiene que los choques corresponden a una ofensiva contra un “grupo irregular” colombiano.

El ajusticiamiento “es una práctica muy común de las FAES”, explicó a la AFP Marino Alvarado, de Provea.

La Fuerza de Acciones Especiales es una temida división de la Policía Nacional, blanco de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya ha pedido disolver este cuerpo.

“Fueron sacados mis familiares por los grupos del FAES” que estaban “revisando todas las casas en el sector de la Victoria: se metían a las casas, supuestamente buscando guerrilleros”, denunció Remolina.

“Patrón de simulación”

Alvarado indicó que Provea recibió denuncias desde el domingo de 30 campesinos detenidos, de los que liberaron dos.

“Hasta ahora no se saben dónde están, si fueron puestos en libertad o presentados ante un tribunal”, señaló. “Esperamos que la denuncia se investigue” y “no haya simulación de justicia”.

Carlos Valdés, exdirector de medicina forense de Colombia, dijo que las fotografías se evidencian irregularidades.

En una de ellas, en las que aparece el cuerpo junto a una granada, identificó una mancha en la espalda que “es evidencia que el pueblo lo arrastraron” y una fractura en el húmero “causada en vida” y que impediría la capacidad de agarre.

“Si lo que se quería con esa foto era mostrar que había asociado al cuerpo una granada, se nota la falsedad porque el cuerpo fue movilizado y al movilizar al cuerpo había que colocar la granada cerca y eso ya indica que adulteraron la posición original, sumado al segundo hecho que es que esa fractura no permite el agarre”, explicó a la AFP este médico forense de 31 años de experiencia.

Valdés identificó “un patrón de simulación” en la forma como reposan los cuerpos, todos boca arriba, y la cercanía de las manos a armamento.

“El que los coloca quiere evidenciar algo, quiere que con la foto se evidencie algo”, indicó el experto.

Según la Defensoría de Pueblo, casi 4.000 personas han llegado al municipio colombiano de Arauquita, fronterizo con la zona del conflicto, donde los enfrentamientos se mantienen.

El gobierno del presidente Iván Duque sostiene que la operación en la zona se trata de golpe contra un ala de disidentes de las FARC.