Para las 9 horas del 13 de octubre próximo quedó fijada la formalización contra el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

Según la investigación del Ministerio Público, Espinosa realizó millonarios depósitos a las cuentas bancarias de él y de su esposa, María Neira Cabrera, quien es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre junio de 2015 y marzo de 2017 habrían realizado 53 depósitos en efectivo, con montos que fueron entre $1 millón, $ 5 millones y $20 millones.

Por esta situación, el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía un escrito el pasado 17 de agosto, con el objetivo de formalizar al ex timonel de la PDI debido a que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó operaciones sospechosas el 31 de diciembre de 2020.

La esposa de Espinosa también será imputada por el caso, así como también el exmano derecha de Espinosa, el subcomisario Eduardo Villablanca, ambos por el delito de lavado de activos. A este último también se le imputa el delito de cómplice del desvío de las arcas fiscales.

La investigación contempla los periodos de 2015 hasta fines de 2018, cuando Espinosa y su esposa recibieron cerca de $140 millones en depósitos en efectivo a sus cuentas bancarias, los que habrían sido realizados realizado principalmente Villablanca. Este último decidió colaborar en la investigación y confesó que el ex director general le entregaba el dinero en efectivo y que los depósitos los realizaba por eran “una orden” de su superior.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Espinosa y el subcomisario Villablanca por delitos reiterados de malversación de caudales públicos cometidos en su condición de funcionarios públicos, además de lavado de activos. Además, al primero lo acusan de falsificación de instrumento público.

La querella del CDE describe el procedimiento y mecanismos utilizados por los imputados para, en primer lugar, sustraer cuantiosos fondos fiscales provenientes de gastos reservados asignados por Ley de Presupuestos de la Nación entre los años 2015 y 2018.

El Consejo sostiene que, con los dineros sustraídos, los imputados, a sabiendas del origen ilícito de estos fondos, realizaron distintas operaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal, ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corriente.