En tiempo récord y en una decisión unánime, el Tribunal Supremo del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), determinó la expulsión inmediata del encargado provisional de la Región Metropolitana, Juan Droguett, luego que la directiva del partido estableció conductas reprochables por parte del dirigente que generaron un enorme daño reputacional a la colectividad.

A través de una declaración pública, la directiva del partido señaló que Juan Droguett “sin consultar ni siquiera a la directiva, comunicó por sus redes sociales de manera unilateral y autónoma el término el pacto político y electoral en la RM, provocando con ello las reclamaciones del partido-socio de pacto, generando pérdida de confianza interna y externa. Este hecho violó una norma básica de conducta partidaria, al pasar por sobre la ley y los acuerdos internos”.

“El hecho más grave se generó cuando fuimos consultados por La Tercera, que iba a publicar un reportaje a raíz de la vinculación que existe entre el denunciado con la Municipalidad de San Ramón, su alcalde y el entorno de éste. Se pretendió hacer un nexo inexistente entre el FRVS, como colectivo, con el entorno íntimo de ese edil, lo que nos causó daño reputacional”, sostiene en su declaración la directiva de la FRVS.

La resolución del Tribunal Supremo, junto con establecer la expulsión inmediata de Juan Droguett, determinó que la directiva nacional intervenga al partido en la Región Metropolitana por el plazo de 6 meses prorrogables. Además se ordenó revisar el padrón de militantes de la región, “para cortar de manera absoluta toda relación del Partido FRVS con personas cuestionadas por vinculaciones al narcotráfico”.

Finalmente, el TS prohibió “de manera absoluta que cualquier autoridad nacional o regional del partido colabore o respalde de manera pública o privada las candidaturas vinculadas con el narcotráfico y su relación directa o indirecta con el “caso Municipalidad de San Ramón y sus redes”, dice el comunicado.

En la Federación Regionalista Verde Social, recordaron que sus parlamentarios han impulsado dos importantes proyectos de ley para hacer más eficaz la persecución criminal de los micro y narco traficantes, corrigiendo aspectos de tipo penal y procedimientos, y aumentando las penas; y proponiendo la creación de una nueva institución legal llamada de la “Extinción del Dominio” o “Decomiso sin condena” que busca decomisar y enajenar de inmediato (sin esperar el final del juicio penal) los bienes de narcotraficantes cuando no puedan justificar dineros limpios para su adquisición, precisamente para desactivar de inmediato sus organizaciones criminales.