La Presidenta Michelle Bachelet encabezó ayer la ceremonia de firma para su envío al Congreso del proyecto de reforma constitucional sobre régimen jurídico de las aguas.

Esta iniciativa eleva a rango constitucional el actual reconocimiento legal de las aguas como bien nacional de uso público y cualquiera sea el estado en que éstas se encuentren.

La moción fue analizada y trabajada por un comité especial de recursos hídricos del Ministerio de Obras Públicas encabezado por el titular de la cartera Sergio Bitar.

La normativa establece un nuevo marco para la regulación de los recursos de aguas en Chile y permitirá establecer reglas claras y precisas que garanticen las inversiones.

Con esto las autoridades podrán limitar, restringir y reservar caudales lo que a la larga aseguraría la disponibilidad del vital elemento. Esto significa que el agua estará asegurada en la Constitución para todos los chilenos.

"Elevamos a rango Constitucional el actual reconocimiento legal de las aguas como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado en que las aguas se encuentran.

Nadie pretende afectar la certeza jurídica de los propietarios de derechos reales de aprovechamiento de aguas para emprender o desarrollar actividades económicas y productivas. Se trata de establecer reglas claras y precisas", indicó la Mandataria.

En tanto el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, manifestó que los cambios en el mundo obligan a modificar la legislación en términos de recursos hídricos.

"Los cambios mundiales, climáticos, los conflictos en ciernes y las disputas en determinadas zonas, obligan a que nosotros cambiemos la legislación que proviene de épocas pretéritas. La Constitución de hoy tiene una gran debilidad y considera el agua una mercancía. El agua es un bien público que tiene que ver con la vida", señaló Bitar.

El envío al Congreso del proyecto provocó reacciones inmediatas. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, valoró la actitud del ministro Bitar en este tema.

"Es un avance crucial para recuperar el agua como patrimonio común de todos los chilenos", sostuvo.

En tanto Teresa Sarmiento, presidenta de la Asociación de Agua Potable Rural de la Región Metropolitana, dijo que "para nosotros es muy importante el pronunciamiento del gobierno. Muestra una voluntad de solucionar los problemas en la mala distribución del agua que provocó el actual código", aseveró.