Según informó La Tercera, el Gobierno ha intentado expulsar a 16.581 extranjeros por haber ingresado de manera irregular a nuestro país desde el 2018, de las que ha concretado 1.401.

Un registro del Servicio Nacional de Migraciones sostiene que los últimos inmigrantes expulsados regresaron a su país el 6 de junio, y son parte de las 321 personas -en su mayoría venezolanos- que el Ejecutivo ha deportado por razones administrativas en los primeros seis meses del año.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que “la figura del refugio apunta a darles protección especial a quienes tengan un fundado temor de ser perseguidos. Las personas que ingresan a nuestro país por pasos no habilitados no están en esa situación por regla general”.

“Pese a que Venezuela vive hoy una crisis social, económica y de graves vulneraciones a los derechos humanos, lo que ha ocasionado la salida de aproximadamente cinco millones de sus ciudadanos, quienes ingresan a Chile generalmente no aducen por razones de persecución, sino que laborales”, apuntó.

“Muchas veces, incluso, declaran haber residido en países distintos de Venezuela por más de un año y medio. Es más, en la declaración que realizan los extranjeros ante la PDI se les pregunta si han sufrido persecución política para así darles resguardo de ser necesario”, señaló Galli.

Cabe señalar que para concretar las expulsiones, el Estado ha desembolsado un total de $3.723.310.144 desde el 2018 a la fecha, y sólo este año se han gastado 41,7 millones de pesos. “En términos presupuestarios, ello no genera mayor impacto, porque la misma ley migratoria contempla que esos gastos se financian con lo que pagan los propios ciudadanos extranjeros por multas y cargos de faltas migratorias”, aseguró el subsecretario.