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  Gobierno pidió reubicar termoeléctrica Barrancones

  El Mandatario dijo que instruyó a la ministra de Bienes Nacionales para hacer un proceso de planificación territorial para establecer cuáles son las áreas aptas para centrales eléctricas. Añadió que la decisión de la Corema de Coquimbo, que dio luz verde a la iniciativa, "se ajustó a nuestra institucionalidad".

Viernes 27 de agosto de 2010| por Rodrigo Chacn / La Nacin

A su llegada a Temuco, el Presidente Sebastián Piñera anunció ayer que solicitó a la empresa Suez Energy, a cargo del proyecto termoeléctrico Barrancones, que se pretende construir en Punta de Choros, Región de Coquimbo, que reubicara la planta para que no afecte la biodiversidad del sector.

La información entregada por el Mandatario bajó la tensión que había generado la aprobación, por parte de la Corema de Coquimbo, del proyecto. El organismo regional dio luz verde a la iniciativa por 15 votos a favor y cuatro en contra.

Piñera sostuvo que "el caso de Barrancones nos demuestra que nuestra legislación ambiental requiere perfeccionamiento. Por eso he instruido a la ministra de Bienes Nacionales (Catalina Parot) para hacer un proceso de planificación territorial, de forma tal de que pensar con la cabeza y establecer cuáles son las áreas aptas para centrales eléctricas y cuáles las que deben ser siempre protegidas para que sean santuario de la naturaleza", señaló.

Piñera indicó que con esto su gobierno ha enfrentado el tema "con responsabilidad, sabiduría y respetando el Estado de derecho". El Mandatario dejó en claro que la decisión de la Corema "se ajustó a nuestra institucionalidad y a nuestro Estado de derecho".

La vocera de gobierno, Ena von Baer, sostuvo que el tema será estudiado, así como también una inminente legislación al respecto. "Lo importante es que nosotros como país necesitamos una legislación que nos permita un ordenamiento territorial y que, por lo tanto, impida que este tipo de proyectos queden situados cerca de santuarios de la naturaleza. Esto hasta ahora es absolutamente permitido", puntualizó.

Von Baer descartó que haya habido presiones que empujaran la decisión presidencial de trasladar el proyecto termoeléctrico Barrancones.

"Aquí no ha influido en absoluto ninguna presión, sino que aquí hay una convicción, la convicción de defender nuestro medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades", indicó.

ECOLOGISTAS VALORARON DECISIÓN

Distintas organizaciones ecologistas valoraron la decisión del gobierno, destacando además el apoyo manifestado por la gente. "Valoramos que ante el masivo repudio ciudadano, el Presidente haya modificado el apoyo de su gobierno a este insustentable proyecto", señalo Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica.

Por su parte, Samuel Leiva, coordinador de campaña de Greenpeace en Chile, indicó que "valoramos que el Presidente reconozca la contaminación de las termoeléctricas a carbón en nuestro país, y que sea éste un factor determinante en su decisión de no permitir su construcción en Punta de Choros".

En tanto, parlamentarios de todos los sectores destacaron el rol que jugó la ciudadanía. El senador PPD Ricardo Lagos Weber dijo que "la fuerza y la voz de los movimiento ciudadanos, de aquéllos que se preocupan por el medio ambiente, tuvieron la fuerza y la convocatoria suficiente para impedir que se constituyera la termoeléctrica en Punta de Choros".

El senador RN Francisco Chahuán añadió que "más allá de este hecho puntual, debemos ser capaces de incentivar el uso de energías alternativas renovables y generar cambios normativos de importancia". Subrayó que "resulta absolutamente urgente cambiar institucionalidad medioambiental".

Abogado de pescadores satisfecho

Lorenzo Soto, abogado de los sindicatos de pescadores artesanales de Chungungo y Los Choros, se manifestó satisfecho por la decisión adoptada por el gobierno. Sostuvo que, de todas formas, la empresa no contaba con la concesión marítima, que es el permiso que había sido denegado con fecha 4 de agosto por la Gobernación Marítima de Coquimbo.

"Técnicamente se había aprobado un proyecto sin los derechos para construir. Es como que uno quisiera construir una casa y no tiene el terreno. Eso hace que el Estado gaste tiempo y recursos en evaluaciones. El tema es que la empresa actuaba sobre seguro que la concesión se las iban a dar", añadió el abogado.

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