28 Octubre 2021 07:34
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Gobierno por investigación penal contra Presidente Piñera: “Es difícil de comprender”

El Ministerio Público anunció la pesquisa producto de los nuevos antecedentes revelados por los “Pandora Papers”, que detallan la transacción que la familia Piñera-Morel hizo con Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.

Mediante una declaración pública, La Moneda reaccionó a la investigación penal anunciada por la Fiscalía contra el Presidente Sebastián Piñera y su familia por eventuales delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios en compraventa de Minera Dominga.

El Ministerio Público anunció la pesquisa producto de los nuevos antecedentes revelados por los “Pandora Papers”, que detallan la transacción que la familia Piñera-Morel hizo con Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.

De acuerdo a la filtración, en la operación había una cláusula que señala que el pago de la tercera cuota estaría condicionado a que el sector donde se va a construir Dominga no se declare zona de exclusión.

Si bien desde el Palacio señalaron en un primer momento que la situación ya se investigó en 2017 y Piñera terminó sobreseído, finalmente la Fiscalía Nacional decidió retomar la pesquisa ya que la anterior se habría hecho en base a un preacuerdo y no al contrato original, el cual si bien contenía la mencionada cláusula, esta era similar y no idéntica.

En ese contexto, desde Presidencia indicaron que “existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del Presidente Sebastián Piñera. Nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público”.

Asimismo, remarcaron que “desde el año 2009, antes de asumir su primera presidencia, el Presidente se desligó total y absolutamente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa. Además, en forma voluntaria, porque no existía ley que lo exigiera”, acusando que Piñera “no tiene ni nunca ha tenido participación alguna en la gestión de la sociedad que vendió, ni en la venta de Minera Dominga”.

En el Palacio repitieron que el Jefe de Estado “no ha ejecutado acción, ni hecho gestión alguna, en su carácter de Presidente, ni en su primer ni en su segundo gobierno, en relación a Minera Dominga”.

En esa línea, descartaron que “la venta de Minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida por la Fiscalía, por el Juez de Garantía y por la Corte de Apelaciones, los cuales decretaron el sobreseimiento definitivo y la inocencia del Presidente Piñera”.

Además, aseguraron tener “plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del Presidente Piñera”.

ANTECEDENTES

En la misiva, el Gobierno entregó información sobre la compraventa de Minera Dominga, detallando que los “antecedentes de la venta de la participación de Minera Activa Uno en Minera Dominga, en la cual miembros de la familia del Presidente -al igual que muchos otros inversionistas- tenían una participación indirecta y no controladora, están incluidos en la carpeta de investigación, mediante correos electrónicos y del documento denominado ‘Acuerdo’, tanto en forma digital como impresa”.

La carta aseguró que en la audiencia de sobreseimiento “se debatió acerca de la enajenación de la participación en el proyecto Minera Dominga”, recordando que “la resolución del Tribunal de Garantía fue apelada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual confirmó en forma unánime el sobreseimiento definitivo”.

“Es más, dicha Corte señaló que no divisaba una expectativa razonable de que hayan ocurrido realmente delitos o que puedan ser descubiertos en el futuro. Adicionalmente, el querellante dedujo un recurso de queja ante la Corte Suprema, el que fue desestimado de plano en forma unánime”, explicó.

Asimismo, rememoró que la justicia obligó al entonces querellante, el actual constituyente Hugo Gutiérrez (PC), a financiar el costo del juicio: “El tribunal condenó en costas al querellante por no haber tenido motivo plausible para litigar y por no haberse acogido ninguno de sus planteamientos”.

“Ese acuerdo de octubre estaba incorporado en términos que son efectivamente muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias, por ejemplo, en relación al pago del precio… perdón, no es una diferencia en lo sustancial, pero sólo el contrato de Islas Vírgenes Británicas tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago”, añadió.

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