En manos del Congreso quedó el destino del proyecto de ley, despachado ayer por la Presidenta Michelle Bachelet, los ministros de Justicia Carlos Maldonado y de Defensa Francisco Vidal, que modifica la jurisdicción y competencia de los tribunales militares en Chile.

La iniciativa tiene como objetivos principales la modernización de estos procedimientos y el respeto por los derechos fundamentales de las personas. Por ello este proyecto -que ya pasó a trámite legislativo- sienta sus bases en que nunca más un ciudadano común sea juzgado por la justicia castrense, como sucede muchas veces en la actualidad cuando, por ejemplo, una persona agrede a un miembro de las Fuerzas Armadas o de Orden.

Esta es la primera vez que el Ejecutivo propone una modificación sustancial al estatuto de la justicia castrense, argumentando la premisa de que estos tribunales sólo pueden ser competentes respecto a delitos que cometan militares y no frente a quienes no visten uniforme.

La Presidenta Michelle Bachelet explicó que "el principio rector que estructura toda la reforma que proponemos es la precisión del ámbito de aplicación de la justicia militar, que ahora se define así: los tribunales militares sólo pueden conocer de delitos militares cometidos por militares" y que los civiles que cometan delito serán siempre juzgados bajo la justicia ordinaria.

Además la Mandataria recordó que la excesiva ampliación de la jurisdicción militar durante la dictadura hizo que el país fuera criticado fuertemente por organismos de derechos humanos en Chile y el extranjero.

"Una vez recuperada la democracia, también ha sido tema de análisis y crítica en el mundo político, académico y en la sociedad civil, la necesidad de que la jurisdicción castrense funcione de acuerdo al estándar de garantías de nuestra democracia" dijo Bachelet.