Este martes la Presidenta de la República promulgó la nueva Ley de Discapacidad, que representa el avance más ambicioso y concreto que se ha hecho en nuestra historia para transformarnos en un país donde se garantice efectivamente la no discriminación y la igualdad de oportunidades hacia las personas con discapacidad.

Fueron cuatro años en que se trabajó arduamente en el campo legislativo y que concluyeron con la aprobación unánime de la ley en el Congreso.

En este camino el rol de las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan del tema de la discapacidad ha sido fundamental, por lo que deben destacarse su empuje y la calidad de sus aportes a este proceso.

Hoy Chile cuenta con un marco normativo muy sólido para garantizar derechos y para el desarrollo de políticas públicas hacia las personas con discapacidad. Nos dotamos de esta nueva ley y ratificamos también, en 2008, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, instrumento que se sustenta en el reconocimiento de la dignidad y derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos.

Por esta razón aquella mañana en el Patio de las Camelias del Palacio de La Moneda el sentimiento era unánime entre todos los presentes: un profundo agradecimiento hacia la Presidenta por haber impulsado con tanta fuerza y sabiduría la agenda de la protección social y del Chile inclusivo que acoge y respeta en igualdad de condiciones la dignidad de todos sus habitantes.

En cuanto a los contenidos prácticos de la ley, se incorpora el deber del Estado de establecer medidas contra la discriminación y una tutela expedita para que las personas puedan hacer efectivos sus derechos.

Asimismo, la prevención y la rehabilitación son consagradas como una obligación del Estado, un derecho de las personas con discapacidad y un deber de su familia y de la sociedad.

Por otro lado se destinan diez artículos de la ley a garantizar efectivamente el derecho a la accesibilidad concebida en sentido amplio, cuya ausencia -sabemos todos- es una de las principales fuentes de frustración para muchas personas con discapacidad, que restringe fuertemente su autonomía y sus posibilidades de desarrollo.

Esto implica que, de ahora en adelante, los entornos, procesos, bienes, servicios y herramientas deben tender a la accesibilidad universal, para ser comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas.

Un esfuerzo equivalente se consagra a garantizar la educación y la inclusión escolar de las personas con discapacidad. Y de manera complementaria se establecen las condiciones para garantizar su acceso a la capacitación y la inserción laboral.

Especial relevancia adquiere la creación de una nueva institucionalidad pública, que contempla un comité de ministros que impulsará y velará porque se cumpla la política nacional hacia las personas con discapacidad; un servicio nacional de la discapacidad, continuador legal de Fonadis; y un consejo consultivo destinado a garantizar la participación y el diálogo social de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas.

Este último está llamado a jugar un rol muy importante en la fase de implementación de las medidas que contempla la ley.

En definitiva, con este gran avance legislativo, Chile se ha puesto a la altura tanto de sus compromisos internacionales como de su renovada vocación de justicia e inclusión social.

En lo simbólico, es una afirmación de que la diversidad es fuente de riqueza y que la tolerancia y la no discriminación deben arraigar cada vez con mayor fuerza en el alma nacional.

*Ministra de Planificación