Human Rights Watch pidió al Gobierno de Sebastián Piñera, a través de un extenso documento, terminar con las masivas expulsiones de ciudadanos venezolanos “y asegurar que todas las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”.

El texto comienza aludiendo a una serie de sentencias de la Corte Suprema y diversas cortes de apelaciones que ordenaron a las autoridades poner fin, en casos específicos, a las deportaciones de venezolanos, debido a los graves riesgos que podrían enfrentar en Venezuela.

“Las sentencias también dejaron en evidencia violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas, antes de que se lleven a cabo las deportaciones”, señalan.

“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”, agregó.

Se estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en Chile. La mayoría está en el país de manera legal, pero, desde 2019, las políticas gubernamentales migratorias han hecho que les resulte cada vez más difícil solicitar y obtener visas o refugio, lo cual limita las opciones disponibles para regularizar su situación.

La organización también denuncia que algunos tenían familiares en Chile, que no se les permitió hacer una llamada telefónica ni tampoco tener acceso a un abogado.

Human Rights Watch examinó 21 sentencias judiciales que brindaron protección a un total de 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación. Esto permitió identificar una serie de falencias entre las cuales se incluye la ausencia del debido proceso por parte de la Policía de Investigaciones.

“La PDI a menudo informa a los venezolanos que ingresan irregularmente al país que deben ‘autodenunciarse’ para regularizar su situación migratoria, y luego usa dichas denuncias como la única o principal prueba para su deportación”, señalan.

La organización también alude al tópico de separación de familias y denuncia que incluso algunas de las personas detenidas con órdenes de deportación no mencionan sus vínculos familiares a las autoridades para evitar que otros integrantes de sus familias sean deportados.

“Estas deportaciones pueden violar el derecho de los niños y niñas a la unidad familiar. Chile debe priorizar el interés superior de los niños y niñas y facilitar su reunificación con sus padres”, cierra el texto.