El jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, afirmó que el Estado de Chile “se encuentra al debe en la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos que se encuentran en la frontera”.
Bustos participó en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que abordó la situación de refugiados y migrantes venezolanos en los pasos fronterizos de Chacalluta y Colchane.
En la instancia, dijo que el organismo realizó misiones de observación in situ tanto en la zona fronteriza de Chacalluta como en Colchane, encabezada por la propia directora del INDH, Consuelo Contreras, junto a los equipos regionales de Arica-Parinacota, Tarapacá y profesionales de la sede central.
El abogado del INDH aseguró que se les está negando la entrada de quienes solicitan refugio en la frontera, y las personas deben devolverse a los consulados a tramitar sus visas.
El Gobierno, señaló, tiene las facultades de adoptar medidas para ordenar el flujo migratorio, pero “lo que está en discusión es cómo eso se está haciendo” y advirtió las implicancias de la adopción de la visa de responsabilidad democrática y las vulneraciones de derechos que han ocurrido en las últimas semanas.
Con antelación los ciudadanos venezolanos podían entrar en condición de turistas, presentándose en la frontera solo con su cédula de identidad, junto con acreditar –si así lo solicitaba la policía- los medios suficientes para sustentarse en Chile en esa condición.
Bustos afirmó que, de acuerdo a la observación en terreno realizada por el INDH en las zonas fronterizas, la exigencia de visa democrática que partió el 24 de junio se empezó a aplicar retroactivamente en las personas que se encontraban días antes de esa fecha en la zona del complejo fronterizo de Chacalluta.
Respecto de quienes venían con una expectativa de poder entrar al país con una visa de turista, “creemos que el Estado de Chile ha estado al debe en la entrega de ayuda humanitaria a esas personas que han estado a la intemperie. Había personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas y mujeres y el Estado no les ha entregado ningún tipo de ayuda”. Señaló, además, que han recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil que han planteado que se les ha impedido entregar agua, alimentación y abrigo a esas personas. El jefe de la Unidad Jurídica Judicial advirtió que otra implicancia que podría tener esta medida es que personas que tenían la expectativa de poder ingresar al país antes de la exigencia de visa democrática, puedan ser envueltas en algún tráfico de migrantes en Tacna para poder tener un ingreso irregular a Chile. Bustos señaló que ha habido un incumplimiento Ley 20.430 de refugio (que a diferencia de la ley de migración, está acorde a estándares internacionales de derechos humanos y es de avanzada), que plantea que si una persona ingresa al territorio nacional la autoridad migratoria debe acoger su solicitud de refugio, la que será tramitada y resuelta por el Subsecretario del Interior.
“Lo que ha ocurrido es que a muchas personas se les ha rechazado la solicitud de asilo en frontera, lo que es una práctica que vulnera la ley actual y, claramente, atenta contra los derechos humanos en frontera”, añadió.
También informó que había 35 niños en Chacalluta y al INDH se le aseguró desde la autoridad de Policía de Investigaciones y del gobierno que a esas personas se les daría un trato preferencial llegando a Tacna y a quienes no tuvieran pasaporte ni cédula de identidad, se les daría un salvoconducto, aunque no se les pudiera entregar la visa de responsabilidad democrática.
“Colaboramos con las autoridades para que esas 63 personas (niños, niñas y sus familias) se subieran a los buses, llegaran a Tacna y lo que sucedió es que esas personas siguen en Tacna, sin tener dónde quedarse. Se les ha dicho que la información que se les entregó en Chacalluta, no se va a cumplir”, agregó.
Finalmente, el Consejo del INDH instó al Estado de Chile a garantizar el derecho a la solicitud de visas y de condición de refugio, exigiendo a las personas provenientes de Venezuela su cédula de identidad y antecedentes, pero flexibilizando el requisito de contar con pasaportes, dadas las circunstancias que en Venezuela impiden su acceso efectivo.
En la instancia, dijo que el organismo realizó misiones de observación in situ tanto en la zona fronteriza de Chacalluta como en Colchane, encabezada por la propia directora del INDH, Consuelo Contreras, junto a los equipos regionales de Arica-Parinacota, Tarapacá y profesionales de la sede central.
El abogado del INDH aseguró que se les está negando la entrada de quienes solicitan refugio en la frontera, y las personas deben devolverse a los consulados a tramitar sus visas.
El Gobierno, señaló, tiene las facultades de adoptar medidas para ordenar el flujo migratorio, pero “lo que está en discusión es cómo eso se está haciendo” y advirtió las implicancias de la adopción de la visa de responsabilidad democrática y las vulneraciones de derechos que han ocurrido en las últimas semanas.
PASAPORTE CARO
Para obtener la visa consular e ingresar en condición de turista los adultos requieren un certificado de antecedentes penales y un pasaporte. Explicó que el problema es que en Venezuela el pasaporte venezolano es muy caro, por lo que pocas personas lo tienen.Con antelación los ciudadanos venezolanos podían entrar en condición de turistas, presentándose en la frontera solo con su cédula de identidad, junto con acreditar –si así lo solicitaba la policía- los medios suficientes para sustentarse en Chile en esa condición.
Bustos afirmó que, de acuerdo a la observación en terreno realizada por el INDH en las zonas fronterizas, la exigencia de visa democrática que partió el 24 de junio se empezó a aplicar retroactivamente en las personas que se encontraban días antes de esa fecha en la zona del complejo fronterizo de Chacalluta.
Respecto de quienes venían con una expectativa de poder entrar al país con una visa de turista, “creemos que el Estado de Chile ha estado al debe en la entrega de ayuda humanitaria a esas personas que han estado a la intemperie. Había personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas y mujeres y el Estado no les ha entregado ningún tipo de ayuda”. Señaló, además, que han recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil que han planteado que se les ha impedido entregar agua, alimentación y abrigo a esas personas. El jefe de la Unidad Jurídica Judicial advirtió que otra implicancia que podría tener esta medida es que personas que tenían la expectativa de poder ingresar al país antes de la exigencia de visa democrática, puedan ser envueltas en algún tráfico de migrantes en Tacna para poder tener un ingreso irregular a Chile. Bustos señaló que ha habido un incumplimiento Ley 20.430 de refugio (que a diferencia de la ley de migración, está acorde a estándares internacionales de derechos humanos y es de avanzada), que plantea que si una persona ingresa al territorio nacional la autoridad migratoria debe acoger su solicitud de refugio, la que será tramitada y resuelta por el Subsecretario del Interior.
“Lo que ha ocurrido es que a muchas personas se les ha rechazado la solicitud de asilo en frontera, lo que es una práctica que vulnera la ley actual y, claramente, atenta contra los derechos humanos en frontera”, añadió.
También informó que había 35 niños en Chacalluta y al INDH se le aseguró desde la autoridad de Policía de Investigaciones y del gobierno que a esas personas se les daría un trato preferencial llegando a Tacna y a quienes no tuvieran pasaporte ni cédula de identidad, se les daría un salvoconducto, aunque no se les pudiera entregar la visa de responsabilidad democrática.
“Colaboramos con las autoridades para que esas 63 personas (niños, niñas y sus familias) se subieran a los buses, llegaran a Tacna y lo que sucedió es que esas personas siguen en Tacna, sin tener dónde quedarse. Se les ha dicho que la información que se les entregó en Chacalluta, no se va a cumplir”, agregó.
Finalmente, el Consejo del INDH instó al Estado de Chile a garantizar el derecho a la solicitud de visas y de condición de refugio, exigiendo a las personas provenientes de Venezuela su cédula de identidad y antecedentes, pero flexibilizando el requisito de contar con pasaportes, dadas las circunstancias que en Venezuela impiden su acceso efectivo.
