El último, "Infractores de ley adolescentes: aspectos clínicos, periciales y de rehabilitación" (Edición Servicio Médico Legal, 2009), avanza en un aspecto que merece más atención: el camino de la justicia.

La historia de los abusos contra los menores no es nueva y tiene directa relación con la valoración que la sociedad ha tenido de la infancia y la adolescencia; éste es un aspecto teórico importante y conocido.

Problemas distintos, y de preocupación social, son la reparación de las víctimas, su posible recuperación, y el tratamiento que damos a los jóvenes infractores de ley, que muchas veces ya han sido víctimas.

Es bueno recordar que el primer enjuiciamiento de un abusador de niños y niñas, Gilles de Rais en 1440, sólo fue posible tras muchos años de crímenes en medio de ritos satánicos.

Claro, entonces se vivía en una sociedad de privilegios, donde este aristócrata que había sido teniente de Juana de Arco y héroe de guerra no podía ser juzgado con las mismas leyes que el resto del pueblo.

El Barón "Barba Azul", como era conocido, fue condenado en un juicio donde para la Iglesia era más importante su fanatismo religioso y los rituales mágicos que realizaba que la presencia en ellos de niños y adolescentes, a los que torturaba y asesinaba.

Con maestría, Antoni Domenech, ha llamado la atención sobre un hito en el camino en que como sociedad intentamos poner término a los privilegios ("El eclipse de la fraternidad", Crítica, 2004).

El moderno derecho republicano nació y prosperó sólo cuando la sociedad logró liberar suficiente espacio público de la tiranía de los intereses y las razones privadas.

En buena medida el derecho moderno es la destrucción de la tiranía ejercida por el privilegio de unos pocos; como ha recordado Domenech, la palabra misma privi-legium es ley privada.

El moderno derecho penal, nacido de la Revolución Francesa, obligó a los fiscales a destruir con razones públicas objetivas, expresables en lenguaje de tercera persona, la presunción de inocencia de todo acusado.

Esto es sustancialmente distinto de los tribunales de la Inquisición, entonces impuestos por la Iglesia, que habían sido privi-legium de un instituto de derecho privado que obligaba al reo a probar su inocencia.

Éste era culpable hasta que lo lograra, si lo conseguía, o pudiera modificar o sobornar las certezas morales privadas de sus acusadores.

Como sabía que, en general, era difícil conseguir la confesión de un crimen tan grave como el abuso infantil y por temor a la excomunión y a los "instrumentos" de la Inquisición, "Barba Azul" confesó la tortura y el asesinato de más de 200 niños y adolescentes para ser finalmente quemado en la hoguera por hereje.

El libro que presenta el Servicio Médico Legal va en la dirección de asegurar la igualdad de derechos, porque este servicio público debe garantizar el ejercicio imparcial en la administración de la justicia; su labor forense tiene el desafío de contribuir a develar la verdad de los hechos, para generar convicción y certeza en el juzgador.

Este trabajo da cuenta de la preocupación de nuestra sociedad respecto de sus adolescentes infractores de la ley, no sólo en el afán persecutorio de sus delitos sino, fundamentalmente, su evaluación y la capacidad que tenemos de recuperarlos.

A la hora de establecer las políticas públicas respecto de estos temas debemos considerar los avances técnicos periciales, pero también las expectativas de una comunidad crecientemente globalizada.

La información con que hoy cuentan los ciudadanos genera presiones sobre el quehacer pericial y la justicia.

Éste ha sido objeto de series de televisión que aunque producen expectativas algo fantasiosas, presentan los cambios científicos y tecnológicos con los que hoy debemos contar si queremos hacer justicia, pero además la complejidad de las "creencias y deseos" de jóvenes aún en proceso de desarrollo.

En el último año he tenido la oportunidad de participar en la realización de una decena de seminarios sobre abuso infantil entre Arica y Punta Arenas, los que han sido organizados por las universidades públicas y privadas en cada región, en conjunto con el Servicio Médico Legal, el Sename y otras instituciones públicas y privadas. Han participado cerca de diez mil estudiantes y académicos.

Su objetivo: el que los profesionales que trabajan con niños y niñas, y que debieran denunciar cualquier presunto abuso, lo hagan; y que aquellos profesionales llamados a diagnosticar o periciar estos abusos actúen con la diligencia necesaria.

Si las universidades y los organismos auxiliares de la justicia logran este compromiso de los nuevos profesionales, será un paso decisivo en la reparación y recuperación de las víctimas.

Este camino conjunto me ha parecido también un llamado para proteger ese espacio republicano, la cosa pública, que deben ser las universidades en una sociedad en que el trasvasije con los intereses privados está en la raíz de la actitud de muchos estudiantes y jóvenes profesionales que no se preguntan cuál será el aporte de su futura profesión, sino sólo cuánto ganaran.

Cuando abordamos temas que tratan de nuestros niños, niñas y adolescentes sabemos que tocamos delitos y conflictos extremadamente graves, que estigmatizan y requieren procesos muy cuidadosos para no cometer errores.

Por eso me ha parecido importante destacar el esfuerzo del SML, sus especialistas, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil en la preparación de este libro y la realización de los seminarios para abordar temas cuya solución pasa por asumir el compromiso con los intereses públicos, lo que aún podemos hacer en el seno de las instituciones que deben ser la conciencia crítica de la sociedad.

Las universidades y los servicios e instituciones de apoyo técnico deben asumir que la actividad científica es incompatible con los privilegios, con la tiranía de las razones privadas.

La ciencia sólo puede prosperar en ambientes culturales que crean y protegen los grandes espacios institucionales en que, bien defendidas de la seducción de los intereses privados, se desarrollen la razón y la deliberación públicas.

En los últimos años hemos empezado a recuperar el tiempo perdido en Verdad y Justicia, y estas alianzas son un camino de gran futuro para reconstruir espacios para la academia y la vida republicana.