Interrogan a gerentes de Celco por caso cisnes

A cinco años del desastre ambiental en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter que provocó la masiva muerte de cisnes de cuello negro en 2004, la fiscalía interrogó a ejecutivos y funcionarios responsables de la toma de decisiones y la operación de la planta Valdivia de Celulosa Arauco acusada de causar el daño ecológico.

En las dependencias del Ministerio Público de San José de la Mariquina, el fiscal del caso, Alejandro Ríos, completó esta semana la toma de declaraciones al gerente de la planta, José Vivanco y al subgerente de operación, Sergio Carreño, además de cuatro operadores de la planta y dos superintendentes de residuos industriales líquidos.

Los ocho interrogatorios fueron solicitados por los abogados querellantes de la causa penal, en representación de agricultores y habitantes de la localidad de Punucapa, y de los dueños de embarcaciones turísticas de la zona afectadas por la contaminación del río Cruces.

Se trata de la segunda ocasión en que el Misterio Público interroga ejecutivos de la planta. En mayo de 2005, la entonces fiscal a cargo del caso, Ximena Valenzuela, acompañada por efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos Ambientales de Investigaciones, tomó declaración a los entonces gerentes general y de operaciones, Alejandro Pérez, y el propio José Vivanco.

QUERELLA

Las diligencias fueron solicitadas por los querellantes, luego de que en octubre pasado, la fiscalía solicitara al Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina el cierre de la investigación.

El tribunal, en cambio, reabrió la causa fijando 60 días para continuar la investigación, plazo que vence este 26 de diciembre.

Con todo, el fiscal Ríos solicitó al tribunal una ampliación del plazo para completar otras diligencias pendientes, entre ellas, que algunos servicios públicos con competencia ambiental hagan entrega de sus respectivos informes solicitados.

El próximo 7 de enero, el juzgado daría curso a la solicitud otorgando otros 60 días para continuar la investigación.

La querella criminal busca determinar responsabilidades individuales por los hechos ocurridos en 2004, y marcha de modo paralelo a otra causa vigente en tribunales civiles: la demanda por daño ambiental interpuesta por el CDE en contra de la empresa que se apresta a iniciar una nueva etapa probatoria tras la designación de siete peritos.

A diferencia de la indagación que lleva a cabo la fiscalía -que puede derivar en sanciones individuales-, el CDE busca que la empresa repare el daño ambiental causado e indemnice al Estado por la pérdida de patrimonio ecológico.