El jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso, Richard Montecinos, era uno de los principales sospechosos en las supuestas irregularidades por la construcción de viviendas sociales en El Quisco.

Por eso, y después que la directora regional del organismo, María Francisca Cruz, fuera instruida a reabrir un sumario interno y presentar una querella contra quienes resulten responsables por los eventuales ilícitos, Montecinos presentó la renuncia a su cargo.

Todo esto, un día después que la ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, visitara al fiscal de esa región, Jorge Abott, para pedirle que priorizara la investigación sobre las denuncias hacia los proyectos habitacionales Villa Marina I y II y Padre Eduardo Alvear.

Las denuncias comenzaron tras informe realizado por la Contraloría regional, dando cuenta que en el proceso de selección y entrega de los subsidios se habrían obtenido documentos falsificados que acreditaban que se cumplía con los requisitos exigidos para los subsidios de "localización", algo que finalmente no se hizo.

Uno de los hechos más graves denunciado es la adquisición de un terreno no apto para construir viviendas sociales en 66 veces su valor de mercado. La hectárea se compró a dos millones de pesos y se vendió al Serviu en 133 millones de pesos.

Después de eso, la directora regional ordenó un sumario interno que Montecinos, como director del Departamento Jurídico del Serviu Valparaíso, propuso sobreseer en su calidad de fiscal.

Además, en este mismo caso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también se querelló en contra del ex alcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco.

Según la titular del Minvu, a nivel nacional son 3.000 mil las viviendas Serviu que no están ocupadas, de las cuales 1.200 se encuentran en la Región del Maule.