La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados rechazó las “funas” y cuestionamientos a la integridad y trayectoria del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera Muñoz, que fue nominado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema.

A través de una declaración, el gremio sostuvo que “las lamentables expresiones de las que ha sido objeto el ministro Mera Muñoz se alejan inaceptablemente de lo que podrían considerarse legítimas críticas como parte del natural escrutinio al que se someten los candidatos y las candidatas que postulan a formar parte de nuestro máximo Tribunal”.

“La investidura de quienes integran la más alta judicatura de la nación conlleva exhibir un desempeño técnico de excelencia como juez vinculado con la función integradora y unificadora del derecho que está llamada a cumplir la Corte Suprema, y por ello es esperable que el debate se centre en dichas competencias”, añadió.

También enfatizó que “en un análisis técnico del derecho, los fallos judiciales, cualquiera que sea la materia, deben ser apreciados con una perspectiva que considere un examen integral de estándares, doctrina, principios y normas aplicadas en momentos distantes cronológicamente”.

En el caso particular del fallo del llamado caso “Los Queñes”, en el que el ministro Mera absolvió a cuatro carabineros por falta de pruebas, “se observa que la decisión no tuvo que ver con un abandono de la doctrina de los derechos humanos como se ha señalado en diversas publicaciones de prensa y redes sociales, sino con estándares penales, por lo demás ratificados en segunda instancia y por la Corte Suprema”, enfatizó la entidad gremial.

El 30 de octubre de 1988, se encontraron los cuerpos sin vida de los frentistas Raúl Pellegrin y Cecilia Magni flotando en las aguas del río Tinguiririca, nueve días después del ataque al retén de Los Queñes, en la actual Región de Maule. Tenían signos de tortura y la autopsia mostró que murieron por asfixia por inmersión.

La declaración de los jueces continúa señalando que “la manifestación temprana de la intención de voto de quienes están llamados a ratificar o rechazar una nominación para integrar la Corte Suprema y el incentivo o promoción de campañas o ‘funas’ plantean un peligroso escenario para cualquier magistrado o magistrada que postule a nuestro máximo tribunal: de antemano sabrá que se expone a cuestionamientos que van más allá de sus competencias profesionales, poniendo en juego su independencia e imparcialidad conforme con sus eventuales aspiraciones de carrera”.

“En tal sentido, lo ocurrido durante la última semana es demostrativo de un sistema que ha sido incapaz de ser leal al debate técnico, y por ello insistimos en la urgente necesidad de que la ciudadanía y órganos colegisladores tomen conciencia de la relevancia que para nuestra democracia representa la reforma del sistema de nombramientos en su conjunto para satisfacer los principios que inspiraron la reforma de 1997, con parámetros objetivos de mérito y competencias y que se caracterice por un adecuado balance de pesos y contrapesos entre los poderes intervinientes, con altos niveles de transparencia frente a la comunidad. Nuestro país, nuestra democracia y la proximidad del debate constitucional así lo demandan”, concluyó el gremio de los jueces.