El ministro en visita Mario Carroza llegó ayer hasta el Penal Punta Peuco para interrogar al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, en una de las últimas diligencias del proceso por la desaparición forzada de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), ocurrida en 1987.

Con esta diligencia y la toma de declaración del otrora encargado de la brigada "azul" de la CNI, Krantz Bauer, se culmina con las más de 40 diligencias que la Corte de Apelaciones de Santiago dio curso luego que el Programa de DDHH del Ministerio del Interior solicitara la reapertura del caso, que había sido cerrado en abril por el magistrado.

Con los nuevos antecedentes allegados a la causa, los querellantes quedan en condiciones para solicitar formalmente al juez Carroza que someta a proceso por el delito de secuestro calificado al el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Ricardo Ortega Prado, quien el 21 de agosto pasado declaró en calidad de inculpado en el Hotel Militar.

Esto último, pues -según los antecedentes del caso- en 1987 Ortega tenía grado de mayor y tenía a su cargo el denominado "G4" que era un comando especial del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y al cual se le otorgó como función, en esa época, labores de vigilancia a grupos opositores a la dictadura en la Región Metropolitana.

El BIE era el brazo operativo del DINE lo que vincularía directamente a Ortega en las operaciones que hubo entorno a los secuestros de los miembros del FPMR, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida, Julián Peña, Julio Muñoz y Alejandro Pinochet, ocurridos entre el 9 y 11 de septiembre.

Se presume que esta maniobra fue una reacción de los organismos de inteligencia por el secuestro del coronel Carlos Carreño ocurrido el 1 de septiembre de ese año y que se atribuyó el FPMR por los conocimientos que éste tenía, por el alto cargo que desempeñaba en Famae, en la cual se manejaban importantes negocios de armas de Augusto Pinochet.