El 13 de abril de 1995 en la playa El Pinar, cerca de Montevideo, concluye la operación que durante cuatro años coordinaron militares de servicio activo de Chile y Uruguay para esconder a un testigo clave de la investigación por el crimen del ministro Orlando Letelier.

En la arena se encontró un esqueleto humano masculino con un impacto de bala en la cabeza. Tiempo después, en Chile, se estableció que ese cuerpo sin vida correspondía al químico de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, abriendo otro flanco del caso que culminó ayer.

El ministro en visita, Alejandro Madrid, concluyó así un largo proceso judicial en el cual se estableció el secuestro y posterior homicidio de Berríos, llamado "Hermes" al interior de la organización.

Estas acciones tienen origen en 1991 cuando Berríos es retenido en el Batallón de Inteligencia del Ejército para evitar que declare en el caso Letelier. Esto es concretado bajo la orden del general (R) Hernán Ramírez Rurange, entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

La resolución del juez Madrid establece como principal responsable al coronel (R) del Ejército Arturo Silva Valdés, condenado a 10 años y un día de cárcel, más otra pena de 3 años y un día por asociación ilícita. De las 19 personas acusadas por diversos ilícitos que rodearon este crimen, catorce fueron condenas. Las cinco restantes recibieron la absolución por parte del magistrado.

LAS CONDENAS

Entre los condenados está el general (R) Ramirez Rurange, artífice de la operación de secuestro y posterior salida del país de Berríos. El militar recibió 5 años y un día por secuestro con homicidio, más de 3 años y un día por pertenecer a la asociación ilícita.

En tanto, el general retirado Eugenio Covarrubias, quien también dirigió la DINE, recibió 3 años y un día de cárcel por el secuestro y 541 días por asociación ilícita.

El comandante (R) del Ejército Jaime Torres Gacitúa fue sentenciado a 5 años y un día por el secuestro y a 3 años y un día como autor de asociación ilícita.

El brigadier retirado Manuel Provis recibió una pena de 5 años y un día de presidio por el secuestro y 3 años y un día por ser parte de la asociación que terminó con la vida del químico.

El teniente coronel (R) Pablo Rodríguez fue condenado a 3 años y un día por el secuestro con homicidio y 60 días por la asociación ilícita.

Mientras que el comandante (R) Manuel Pérez Santillán sólo fue condenado por el secuestro con homicidio a cumplir 3 años y un día de cárcel.

El agente de la DINA Raúl Lillo, quien acompañó a Berríos en su salida del país, recibió una pena de 5 años y un día por el crimen y 100 días por asociación ilícita.

El ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 3 años y un día de cárcel.

En tanto, Nelson Román quien obró como vigilante de Berríos fue condenado a 3 años y un día por el secuestro y 60 días por la asociación ilícita. Misma suerte corrió el otro custodio del químico Marcelo Sandoval.

Fueron absueltos coronel (R) Enrique Ibarra, Mario Cisternas, Nelson Hernández, Erica Silva y Emilio Rojas.

OFICIALES URUGUAYOS

Uno de los primeros abogados que se enteró de las condenas fue Carlos Neira, quien representa a los oficiales del Ejército uruguayo (extraditados para enfrentar la justicia en Chile) que están encausados y que ayer fueron condenados por Madrid como responsables y partícipes del secuestro y homicidio de Berríos.

El jurista indicó que ellos están tranquilos, que aún no han sido notificados y que cuando lo hagan apelarán a la sentencia de Madrid.

"Como defensa seguiremos sosteniendo lo que hemos dicho todos estos años: la inexistencia de los delitos que se les imputa a los oficiales uruguayos, tanto la asociación ilícita como el secuestro, por lo que nos mantendremos en esta postura y la defenderemos en instancias superiores como corresponde", sostuvo Neira.

Madrid condenó al general Tomás Casella a 5 años y un día de cárcel por el secuestro y homicidio de Berríos y 3 años y un día. Al oficial Wellington Sarli se le condenó a cumplir la pena de 3 años y un día por el crimen del químico y 60 días de cárcel por pertenecer a la asociación.

Mientras que Eduardo Radaeli recibió un castigo de 5 años y un día de presidio por el secuestro y asesinato y 61 días por el delito de asociación ilícita.

INDEMNIZACIONES

Junto con las condenas, Madrid acogió las indemnizaciones por daño moral a favor de la querellante Fabiola Letelier, y estableció que los condenados le entreguen 10 de millones de pesos, mientras el fisco deberá indemnizarla por otros 100 millones.

A la esposa de Berríos, Gladys Schmeisser, el magistrado determinó que los condenados deben pagarle 100 millones, de manera solidaria, y el fisco otros 200 millones. A otro de los querellantes, Gonzalo Berríos Sagredo, el fisco deberá cancelarle 20 millones.

Los pagos de perjuicio son ordenados al fisco, estipulados en el fallo, porque hubo oficiales en servicio del Ejército coordinando la operación, y utilizando una estructura jerarquizada paralela a la institucional el ilícito que llevó a la tumba al ex químico de la DINA y con él los secretos del caso Letelier. LN