La Fiscalía reaccionó sobre las declaraciones formuladas por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien se quejó de que el ente persecutor hizo públicos los detalles de la investigación en el caso de la querella presentada en su contra por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por un posible actuar negligente en el fallecimiento de 62 personas de la comuna a causa de Covid-19.

Ante la negativa del Ministerio de Salud de entregar al fiscal Xavier Armendáriz (de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte) una serie de correos electrónicos del ex ministro Mañalich, el persecutor recurrió a la Corte Suprema pidiendo su intervención, con un escrito donde da a conocer detalles de la investigación de la causa, el cual se conoció a través de distintos medios de comunicación.

En entrevista con El Mercurio, Mañalich criticó a la fiscalía por el hecho de que en una investigación aún desformalizada “haya una filtración masiva de datos de lo que se está investigando, y eso le produce un daño a la investigación (…) Aquí lo sui géneris para mí es que tengamos un sistema de tratamiento de los temas jurídicos penales en los cuales litigar a través de la prensa se ha transformado en una costumbre”.

Eso provocó la reacción de la Fiscalía, que en su cuenta de Twitter le respondió al ex ministro: “En la investigación penal sobre muertes en contexto de Covid-19, la Fiscalia de Chile no ha filtrado información ni opinado. La presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan”, señalaron en el organismo.

EL ESCRITO DE LA FISCALÍA

La acción judicial interpuesta por el alcalde Jadue está dirigida en contra del ex ministro, pero también del Presidente Piñera y otras autoridades de gobierno, por cuasidelito de homicidio ante la muerte de 62 personas de esa comuna debido al Covid-19, lo que, según el querellante, habría ocurrido por el “actuar negligente y grave en el control de la crisis sanitaria”.

En el escrito presentado ante la Corte Suprema para que intervenga y permita que La Moneda libere los correos electrónicos requeridos, el Ministerio Público señala que “el ministro Mañalich y su jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, habrían decidido implementar un sistema sui géneris para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia”.

Además, el documento de fiscalía expresa que “ese sistema de recolección de datos no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.

El libelo añade que “las decisiones referidas a la implementación de medidas de cuarentena, que en Chile adoptaron la denominación de ‘cuarentenas dinámicas’, se realizaron con información incompleta, obviando variables relevantes, como la tasa de reproducción o el real número de casos activos que existían en una determinada localidad. Tampoco se tuvo a la vista, a la hora de adoptar tales determinaciones, datos complementarios relevantes, como la configuración socioeconómica de una determinada localidad y sus condiciones de vulnerabilidad, que se proporcionaron al ministro, su jefa de gabinete y la subsecretaria Paula Daza”.

La fiscalía justifica el acceso a los correos al sostener que “el ex ministro no solo fue advertido por la comunidad científica de la falta de sustento técnico de sus decisiones, sino que fue directamente informado, vía correo electrónico, por la funcionaria de su dependencia, Johana Acevedo, que los datos que manejaba no eran los correctos y que la curva epidemiológica que este presentaba al país era una curva equivocada, pues la real demostraba un alza mayor en el número de contagios”.

Según sostiene Armendáriz en el escrito, “proceder de esta manera pudo haber influido gravemente en la toma de decisiones relativas a acciones destinadas a salvaguardar la salud de la población y la vida de los ciudadanos chilenos”.

También cuestiona “la adopción inoportuna de cuarentenas en ciertas zonas del país (paradigmáticamente la Región Metropolitana, que pasó, en pocos días, de estar en una meseta que anticipaba una ‘nueva normalidad’ a transformarse en el lugar donde se desarrollaría la denominada ‘batalla por Santiago’) pudo haber influido decisivamente en el aumento de la propagación de una enfermedad grave como lo es el Covid-19 entre los habitantes de la República y, consecuencialmente, haber resultado en un aumento de muertes que no se habría producido si se hubiera optado por decretar medidas de reducción de movilidad y aislamiento social más tempranamente, de acuerdo con los datos reales (y no los públicos) que obraban en manos del ministro de Salud y sus asesores”.

Por último, el texto plantea que “las anteriores afirmaciones constituyen premisas provisorias, que fundan sospechas sobre la actuación de las primeras autoridades gubernamentales con competencia en la materia respecto de su eventual responsabilidad penal”.