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  La ley del revólver

  Con un puñado de dólares, los estadounidenses casi no tendrán restricciones para obtener armas de fuego en las tiendas e incluso en supermercados. El lobby de la Asociación Nacional del Rifle y la industria fabricante de armas ha ganado una batalla judicial por el derecho a la "defensa" y a tener un "fierro" en casa. Tal como en el viejo Far West.

Domingo 4 de julio de 2010| por Libio Prez / La Nacin Domingo

Unas 30 mil personas al año mueren por balazos en Estados Unidos. Con una población de 310 millones de habitantes, en la potencia del norte de América circulan unas 270 millones de armas de fuego en manos privadas, y las limitaciones que existían para su adquisición por parte de cualquier persona, desde el lunes pasado, han comenzado a desaparecer.

Ese día, la Corte Suprema de EEUU declaró inconstitucional cualquier restricción a la compra o posesión de armas de fuego.

Una victoria para el lobby de la industria de armamentos y para los archiconservadores integrantes de la Asociación del Rifle.

"Va a morir gente por esta decisión", advirtió el Centro de Políticas de Violencia, con sede en Washington, al comentar el fallo del alto tribunal que, en votación dividida de cinco contra cuatro, revocó una prohibición de Chicago de tenencia y porte de armas, que además declaró "inconstitucional" cualquier tipo de restricción que impongan los estados o gobiernos locales.

La "histórica resolución" -como ha sido calificada por algunos medios de prensa - extiende a todas las ciudades y estados del país una decisión de la propia Corte Suprema del 2008, cuando dictaminó que los estadounidenses tienen el derecho constitucional, amparado en la Segunda Enmienda de la Constitución, de tener y portar armas, incluidas las pistolas automáticas.

En 1791, cuando eran sólo 14 estados, estaba recién fundado el primer banco, los colonos avanzaban a sangre y fuego sobre los territorios indígenas del oeste y la población total del país sumaba cuatro millones de habitantes, EEUU introdujo la Segunda Enmienda a su Constitución, aprobada tres años antes, que establece: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Desde entonces, todos los estadounidenses tienen derecho a portar su arma al cinto.

El diario The New York Times escribió en su editorial del miércoles que la decisión de los jueces del máximo tribunal está basada en argumentos "exasperantemente abstractos", pero que tendrá efectos "muy reales y sangrientos".

El periódico se hizo cargo así de un sector de la población estadounidense que ve con preocupación la facilidad que existe para adquirir armas de fuego, muchas de las cuales son usadas para cometer delitos.

De acuerdo a la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas de Fuego, una de las principales organizaciones que promueve el control del armamento en EEUU, más de 100 mil personas son víctimas de violencia con armas de fuego todos los años, 30 mil de las cuales terminan en muertes, entre ellas unos 12 mil asesinados a balazos.

"Tras la decisión emitida por la Suprema Corte, el poderoso lobby de las armas y los criminales la utilizarán para impugnar todas las leyes de control de armas estatales o municipales", dijo Paul Helmke, presidente de la Campaña Brady, en un adelanto de las batallas judiciales que se avecinan en otros estados de la Unión, para derribar las restricciones a la tenencia de armas, como en Nueva York, donde su alcalde, Michael Bloomberg, es partidario de controlar la posesión de armas de puño.

EL PODER DEL RIFLE

"Qué feliz soy", exclamó el lunes Otis McDonald al bajar las escaleras del blanco edificio de la Corte Suprema de EEUU.

El desgarbado hombre afroamericano de 76 años que vive en Oak Park, Chicago, había ganado el caso que presentó ante la justicia para reclamar su derecho a tener un arma en su casa para "defenderse".

En la casa de McDonald hay una pistola, tal como en el 40% de los hogares estadounidenses. McDonald llevó el caso a la justicia con apoyo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (ANR), cuyos dirigentes saludaron el fallo de la Corte Suprema como "una reivindicación" para quienes consideran que la compra y tenencia de armas "es un derecho y una libertad individual que vale la pena defender".

Chris Cox, jefe del lobby de la ANR, explicó que "este dictamen deja absolutamente claro que la Segunda Enmienda protege el derecho otorgado por Dios a la autodefensa de todo estadounidense que respeta la ley".

La Asociación Nacional del Rifle, fundada en 1871 por dos altos oficiales veteranos de la Unión en la Guerra de Secesión, tiene un presupuesto anual de más de 80 millones de dólares y cuenta con varios millones de miembros, en su mayoría republicanos.

Entre sus más famosos integrantes están el actor-karateca Chuck Norris y su prestigiado colega -fallecido hace dos años- Charlton Heston, quien presidió la ANR entre 1998 y el 2003.

El intérprete de Moisés en "Los 10 mandamientos" y el aguerrido Ben-Hur encabezaba la ANR cuando en 1999 dos adolescentes del Instituto Columbine, en el estado de Colorado, entraron a su escuela armados con escopetas, carabinas automáticas y pistolas, acribillando a 12 de sus compañeros de estudio y a un profesor. Otras 24 personas quedaron heridas, dos de las cuales murieron en días posteriores.

Al momento de quitarse la vida, los dos jóvenes habían disparado 900 cartuchos. Las armas las habían adquirido en una tienda de la ciudad.

Fue el peor momento de la ANR, cuyo prestigio y poder se había cimentado en décadas, sobre todo a inicios del siglo pasado, cuando se dedicó a crear recintos para la práctica deportiva de tiro al blanco, la realización de cursos en las escuelas públicas, pero sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando envió más de 10 mil armas para la población civil de Gran Bretaña.

Su influencia llegó a tal punto que en la década de los `90 la ANR tenía casi 170 programas de acción, sobre todo cursos para la seguridad en el manejo de armas, para los que desplegaba unos 50 mil monitores voluntarios, que impartían clases en unos 14 mil clubes en todo EEUU.

Pese a Columbine y a la masacre de Virginia Tech, en abril del 2007 -cuando un estudiante armado con dos pistolas compradas en una tienda cerca de su universidad mató a 27 alumnos y cinco profesores-, la influencia de los defensores de la venta libre de armamento no han perdido influencia, acicateados por la multimillonaria industria que los fabrica.

Según un reporte de la agencia AFP, en 2008 los fabricantes de armas estadounidenses produjeron 1,4 millones de pistolas, 432 mil revólveres, 1,6 millones de carabinas, 753 mil fusiles y otras 176 mil armas de fuego.

Sólo 245 mil de estas armas se exportaron, todas las restantes quedaron en el mercado y disponibles en tiendas e incluso supermercados.

Las únicas restricciones para adquirirlas datan de 1994, cuando una ley federal obligó a los vendedores de armas verificar que el comprador no tenga antecedentes penales, no sufra deficiencias mentales, no consuma drogas o no haya sido acusado de violencia intrafamiliar.

De acuerdo a la Campaña Brady contra el uso de armas personales éstas cuestan cada año 100 mil millones de dólares a los estadounidenses en ingresos perdidos como resultado de muertes, gastos médicos para tratamiento de lesiones, legales y policiales para castigar a los criminales. Eso sin contar, que al menos la mitad de los casos de muertes por heridas de bala son por suicidio.

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Si los estadounidenses partidarios de controlar la tenencia de armas quedaron preocupados por el fallo judicial del lunes, las alarmas se encendieron en los países vecinos al sur de los EEUU.

En México, el tráfico de armas es el segundo delito más importante del crimen organizado, sólo detrás del tráfico de drogas. Y ambos delitos van de la mano.

Según el general mexicano Jorge Serrano, director de la Unidad Especializada de Lucha contra el Terrorismo y el Tráfico de Armas y Municiones, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), los cárteles de la droga están dedicando hombres y recursos especializados para la obtención de armamento para el resto de la organización que se dedica al transporte de los estupefacientes.

Las autoridades mexicanas saben que, de extenderse la anulación de restricciones para la venta de armas a privados en EEUU, el armamento que ingrese a México aumentará en volumen.

Con las actuales restricciones, el tráfico ha sido imparable, al punto que los mexicanos perciben que la guerra contra el delito parece perdida.

Actualmente circulan en México más de 15 millones de armas ilegales, en su mayoría ingresadas por la frontera con EEUU, donde además están ubicadas unas 13 mil tiendas dedicadas a vender armamento.

"Es un tráfico hormiga todavía y no hemos detectado hasta el momento a ninguna banda o cártel que se dedique de manera específica a introducir estas piezas", dice el general Serrano, aunque aclara que la policía mexicana detectó que hay "grupos dentro de los cárteles de la droga que se dedican a abastecer al narcotráfico de pertrechos".

Pero México además es un pasadizo, ya que un volumen de armas -no cuantificado pero importante- va a parar a las manos de las maras de Guatemala y El Salvador.

Estas pandillas son el más grave problema de seguridad pública que tienen estos países, las que además controlan el tráfico de drogas.

"Las armas y el dinero de la droga siguen fluyendo en el norte y hacia el sur, al mando de ejércitos de criminales que enfrentan a las policías y militares", afirmó a inicios de junio el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuando inauguró la asamblea general del organismo.

El chileno pidió a los cancilleres del continente que sus gobiernos adopten medidas para "atacar frontalmente" ambos problemas "porque constituyen verdaderas amenazas para la región".

Pero la solicitud de Insulza es una tarea de largo aliento. Según la ONU, que tiene su sede en Nueva York, las pandillas en el mundo tienen en su poder unas 10 millones de armas ligeras, mientras que otros grupos violentos no estatales tienen un arsenal de 1,4 millones de unidades.

El informe distribuido la semana pasada por la ONU indica que las pandillas poseen poco más de 1% de las 875 millones de unidades de armamento ligero en el mundo.

Se teme que el fallo de los jueces estadounidenses puede ayudar a que estas cifras aumenten.

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