La protección social como un modelo exportable

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, planteó ayer que Chile es “un ejemplo” de lo que la comunidad hemisférica -incluyendo a Estados Unidos- podría hacer en materia de protección social a sus habitantes. Su afirmación se produjo en el contexto de la puesta en marcha de la Red Interamericana de Protección Social (RIPS) en Nueva York con ocasión de la visita a Naciones Unidas de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. La extensión del modelo de esta política pública chilena se inserta en un acuerdo adoptado en la Cumbre de las Américas de abril y cuya secretaría técnica radica en la Organización de Estados Americanos (OEA). Otras experiencias de la zona parte del análisis regional son los programas Oportunidades (México) y Familias en Acción (Colombia).

La definición de Clinton confirma declaraciones hechas a este diario por Charles Shapiro, alto funcionario del Departamento de Estado para materias económicas. A juicio de éste, los elementos positivos de la forma en que Chile ha enfrentado la pobreza derivan de haber articulado con eficiencia crecimiento y redistribución de ingreso. El establecimiento de la estrategia de protección social constituye el sello distintivo de la administración Bachelet. Incluso recientes encuestas de opinión pública han detectado que la mayoría cree que ella no sólo será recordada por ser la primera Presidenta, sino también por haber dado fisonomía a la idea de un Estado que asume como deber garantizar desde el punto de vista material, y no sólo programático, un paquete de derechos sociales básicos a sus ciudadanos que corrija las desigualdades de origen.

Según lo expresado ayer por la Mandataria, durante los primeros gobiernos de la Concertación la pobreza disminuyó de 38,6% a 20,2%, mientras que a partir de la implantación de Chile Solidario, hace siete años, este índice ha caído a 13,7%. El plan de prestaciones combina subsidios monetarios directos e indirectos, acceso asegurado a beneficios de programas sociales estatales y atención especializada a las personas en situaciones vulnerables.

Si bien el esquema local de protección social no puede ser mecánicamente trasladado a otras realidades del continente -donde funcionan tipologías de Estado distintas-, sí constituye una referencia acerca de la conciliación de desarrollo con inclusión. En esta línea, sin embargo, cabe subrayar que la protección social no es una acción pública sólo técnica. Al contrario, se trata de una tentativa para superar el diseño asistencialista -o subsidiario, en el mejor de los casos- del Estado neoliberal, que privilegió al mercado como el espacio donde las personas debían competir para reparar los desequilibrios de acceso. Se trata de un modelo agotado y que no resolvió las injusticias, sino que las incrementó, como quedó explícito con la actual crisis financiera, dañando la credibilidad democrática liberal. Esta realidad es la que hace necesario redefinir al Estado en una perspectiva progresista.