La Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, más conocida como Comisión Valech, está recibiendo nuevos antecedentes sobre víctimas de la dictadura militar desde ayer 17 de febrero y por los próximos seis meses. Esta decisión tiene el propósito de ampliar las reparaciones económicas para las personas cuyas presentaciones no alcanzaron a ser ingresadas durante el período anterior, y también para reconsiderar aquellos casos que no fueron acogidos en esa oportunidad, siempre que ahora sean acompañados de información hasta ahora no conocida sobre los hechos que se exponen. Luego de esta primera fase de seis meses de recepción de información, la comisión cumplirá otro período de medio año destinado a la calificación de los casos presentados o sujetos a reconsideración. Cuando funcionó por primera vez, la comisión aceptó una cifra cercana a los 28 mil casos; cada víctima recibe aproximadamente 121 mil pesos debido a su calidad de afectado por la acción de los agentes del Estado entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Esta reapertura de la comisión atiende un requerimiento bastante extendido del mundo político y social, destinado a incorporar hechos que en virtud de variadas circunstancias o dificultades no fueron presentados ante el organismo o porque éste no se pudo formar la convicción de que estaba en presencia de un hecho de violencia política. El proceso de reapertura fue posible merced a un veto aditivo que incluía un artículo transitorio en el proyecto de ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Es importante comprender que las acciones institucionales hablan de la vida de un país en su más amplio alcance. Es este tipo de elementos el que va dejando huella acerca de cómo se plantea una sociedad -y sus organismos permanentes- ante los hechos del pasado, en especial aquellos que han sido motivo de dolor y de desdicha para algunos de sus componentes. Estamos hablando de la construcción de la memoria del país y también de su capacidad de aprender de sus errores. En este caso en particular basta tener presente cómo los avances en justicia y reparación han encontrado sus propias vías para materializarse, en un proceso persistente y sostenido, que nunca dio indicios de ceder ante las dificultadas y que ha logrado instaurarse pese a ciertas disconformidades de algunos de los actores involucrados. El derrotero que permitió la materialización de esta reapertura de la comisión -así como del Instituto de Derechos Humanos junto con el cual se aprobó- resulta la prueba más reciente de dicho aserto.

Una comprobación de la amplitud de miras de este proceso está también en la serie de propuestas que además del Instituto de DDHH incluía la aprobación parlamentaria de la adhesión al Tribunal Penal Internacional, otro tema largamente debatido -y a veces transitoriamente pospuesto- entre los sectores de la opinión pública. Al término de este mandato, el juicio no puede sino constatar los importantes logros en estas materias. Corresponde, en el mediano plazo, aquilatar si la institucionalidad que se transmitirá a las futuras generaciones es entendida como un legado permanente por todos los grupos.