La Presidenta de la República firmó ayer un proyecto que introduce sustanciales cambios en el ámbito de aplicación y modo de funcionamiento de la justicia militar. El texto está dominado por el término de la competencia castrense para juzgar a civiles. A partir de la aprobación del cuerpo legal, esa judicatura sólo podrá conocer de delitos claramente tipificados como militares cometidos por militares, para lo cual se ha presentado ya una nueva codificación de éstos.

La iniciativa acaba con la expansión que experimentó la justicia militar durante la dictadura en función del propósito de ésta de luchar contra sus adversarios a través de métodos propios de la guerra y no de la razón civil. Esta ampliación del fuero castrense ha sido desde su origen sometida a crítica por organismos de derechos humanos. Aunque en los últimos años la utilización desproporcionada de ese procedimiento especial ha disminuido, hay problemas de orden público donde se invoca con cierta frecuencia.

En este sentido, el mensaje suscrito por Bachelet constituye un avance imprescindible y viene además a satisfacer una demanda programática pendiente de la Concertación. Esta deuda del régimen democrático podrá saldarse ahora en el Parlamento, ámbito en el cual la oposición deberá demostrar su compromiso con el nuevo escenario institucional, que se caracteriza por la normalización del papel de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el tejido político y estatal en su carácter de fuerzas obedientes, profesionales y no deliberantes.

Si bien la reducción de competencia entrará a aplicarse apenas el Congreso la ratifique y la ley se promulgue, el conjunto legal anunciado ayer contiene otras enmiendas clave que podrían tardar más tiempo en ser aprobadas. Una de ellas asimila a los usos castrenses los procedimientos de la reforma procesal-penal, lo que implica establecer un ministerio militar, juzgados militares de garantía, tribunales orales en lo penal militar y juicio oral y público. De este modo, habrá en Chile una sola estructura judicial, lo que garantizará los derechos de los acusados, la transparencia de los procesos y la facultad punitiva del Estado en cuanto a su propia seguridad. Una segunda modificación se inscribe en una lectura de la dramática historia reciente del país y por medio de ella se reformula el concepto de "tiempo de guerra" y se determina un nuevo cuadro de órdenes. La particularidad bajo este nombre técnico es que se consagra la "obediencia reflexiva", haciendo imposible para los subordinados ejecutar mandatos que conlleven la comisión de delitos, como torturas, secuestros y desaparición forzada de personas.

Desde luego habrá sectores que evalúen como tardíos estos ajustes, que se emprenden a veinte años de reinstalada la democracia. Se trata de un reclamo comprensible, aunque éste pueda responder a una relativa incomprensión de la lógica todavía transicional de la relación cívico-militar y la correlación de fuerzas en el Legislativo, caracterizada por la capacidad de veto de la derecha. En este sentido, tal como lo subrayó ayer la Jefa de Estado, el proyecto presentado al Congreso resume un consenso donde han participado activamente las auditorías castrenses. Este hecho es una nueva señal de la cooperación entre las FFAA y el poder político.