Un día después del golpe de Estado en Birmania, los expertos se preguntan sobre las motivaciones de los militares y evocan el riesgo del aislamiento internacional, una crisis económica agravada por la pandemia y ver tambalear un sistema político históricamente controlado por el ejército.

“El golpe de Estado fue una sorpresa”, afirma Sophie Boisseau du Rocher, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. “Hacía tiempo que había fricciones entre el gobierno civil y los militares, pero no pensábamos que fueran a actuar tan repentinamente”.

Los acontecimientos del lunes –el despliegue de soldados y vehículos blindados alrededor del parlamento, el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi, jefa de Estado de facto del país, y la oleada de detenciones– despiertan muy malos recuerdos entre los birmanos que vivieron bajo el yugo de la dictadura militar durante casi 50 años desde la independencia del país, en 1948. 

Los generales justificaron su golpe por las irregularidades en las elecciones parlamentarias de noviembre, ganadas mayoritariamente por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, irregularidades desmentidas por la comisión electoral. 

El golpe desencadenó numerosas condenas internacionales, incluida la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que amenazó con sanciones.

Estos sucesos “dañan considerablemente la imagen del país, ya empañada por la tragedia de los musulmanes rohinyás”, dijo Sebastian Strangio, autor de varios libros sobre el sudeste asiático. 

Más de 750.000 rohinyás huyeron en 2017 de los abusos del ejército para refugiarse en Bangladés, una crisis que ha llevado a Birmania a ser acusada de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU. 

El golpe también destruye el frágil equilibrio entre el gobierno civil y los militares, que era sin embargo en gran medida favorable a los militares.

El ejército se hizo una Constitución a medida, aprobada en 2008, que le permite mantener un fuerte control de la política birmana, incluso cuando no está en el poder.

Los militares controlan tres ministerios (Ejército, Seguridad Interior y Fronteras) y el 25% de los escaños del parlamento y también están presentes, a través de poderosos conglomerados, en la economía del país. 

“RÉGIMEN HÍBRIDO”

“La relación entre el gobierno y el ejército era complicada”, afirma a la AFP Hervé Lemahieu del instituto Lowy en Australia. “Este régimen híbrido, no autocrático del todo ni completamente democrático, se ha derrumbado bajo el peso de sus propias contradicciones”.

Había numerosos puntos de discordia. Aung San Suu Kyi no era elegible para el puesto de presidente, según la Constitución. Pero el cargo que se inventó a su medida (Consejera de Estado) para dirigir de facto el país no gustó nada a los generales.  

También se produjeron desacuerdos sobre las conversaciones de paz con las facciones rebeldes y la reforma constitucional a la que se oponía el ejército y que era una prioridad de la nueva legislatura para la LND. 

La victoria masiva (más del 80% de los escaños) de la Liga Nacional para la Democracia en las elecciones de noviembre “exacerbó aún más las tensiones, convenciendo al jefe del ejército, Min Aung Hlaing, de que la Constitución ya no era un baluarte suficiente” para proteger las prerrogativas de los militares, dijo Strangio. 

El general, que ahora concentra el poder, está cerca de la jubilación y los expertos creen que este golpe también le permite satisfacer sus ambiciones políticas personales. 

Por el momento, el ejército parece poco preocupado por las condenas internacionales, especialmente porque China se ha limitado a pedir a las partes que “solucionen sus diferendos”.

“No creo que el riesgo de oprobio internacional preocupe a los altos mandos”, afirma Renaud Egreteau, experto en Birmania de la Universidad de Hong Kong.  

Su principal prioridad es tratar de encontrar una salida a la “casi mítica Aung San Suu Kyi”, que sigue siendo venerada en su país, asegura.