Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL.
Cuando en 2012 fue promulgada la Ley Zamudio, eran impensados los alcances que esta traería. A casi seis años de su puesta en marcha, la norma ha dado muestras de ser eficaz para enfrentar distintos tipos de discriminación, incluida aquellas que puedan afectar a las personas con discapacidad.
Fundación Iguales entregó algunas cifras que así lo revelan. De las 319 causas que se han presentado en los tribunales de justicia invocando esta ley, 90 han logrado sentencia. El mayor número corresponde a causas por discapacidad (24 sentencias).
La discriminación tiene muchas caras. Tal como señaló Paulina Bravo en una entrevista en Radio Pauta, la mayor parte de los juicios presentados por la Ley Zamudio – a través del Programa de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad de la Corporación de Asistencia Judicial-, fueron representando a niños y jóvenes que vieron vulnerados sus derechos en establecimientos educacionales públicos o privados. Esta es una voz de alerta que no podemos ignorar.
Tengo claro que una ley no puede cambiar una cultura. Pero lo esperable, es que esos cambios –en pleno siglo XXI- sean liderados por los colegios y recintos educacionales. En este punto, estamos al debe porque hablamos de inclusión, desarrollo y no estamos invirtiendo donde es necesario. La educación es clave. A todas luces la Ley Zamudio es una buena noticia y una llave de acceso a la justicia para más de 2 millones 600 mil chilenos con discapacidad. Pero, no es suficiente para garantizar un trato igualitario y menos afirmar que en nuestro país todos tenemos los mismos derechos. Aún falta fortalecer y crear políticas públicas que apunten a garantizarlos. Mi llamado es a comenzar con la formación de los profesores, capacitar y mediar también en los colegios. Como he señalado, la inclusión hay que vivirla, ese es el paso necesario para terminar con las discriminaciones.
Por último, quiero hacerme eco de las palabras de Paulina Bravo. Hay que ampliar el programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad, incorporar esta temática en las escuelas de derecho y promover capacitaciones en el poder judicial. De esta manera, la justicia será justicia cuando llegue a todos por igual.
• Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL.
La discriminación tiene muchas caras. Tal como señaló Paulina Bravo en una entrevista en Radio Pauta, la mayor parte de los juicios presentados por la Ley Zamudio – a través del Programa de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad de la Corporación de Asistencia Judicial-, fueron representando a niños y jóvenes que vieron vulnerados sus derechos en establecimientos educacionales públicos o privados. Esta es una voz de alerta que no podemos ignorar.
Tengo claro que una ley no puede cambiar una cultura. Pero lo esperable, es que esos cambios –en pleno siglo XXI- sean liderados por los colegios y recintos educacionales. En este punto, estamos al debe porque hablamos de inclusión, desarrollo y no estamos invirtiendo donde es necesario. La educación es clave. A todas luces la Ley Zamudio es una buena noticia y una llave de acceso a la justicia para más de 2 millones 600 mil chilenos con discapacidad. Pero, no es suficiente para garantizar un trato igualitario y menos afirmar que en nuestro país todos tenemos los mismos derechos. Aún falta fortalecer y crear políticas públicas que apunten a garantizarlos. Mi llamado es a comenzar con la formación de los profesores, capacitar y mediar también en los colegios. Como he señalado, la inclusión hay que vivirla, ese es el paso necesario para terminar con las discriminaciones.
Por último, quiero hacerme eco de las palabras de Paulina Bravo. Hay que ampliar el programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad, incorporar esta temática en las escuelas de derecho y promover capacitaciones en el poder judicial. De esta manera, la justicia será justicia cuando llegue a todos por igual.
• Andrea Zondek, presidenta Fundación TACAL.
