La bancada del PPD ingresó un proyecto de ley para que la Comisión de Libertad Condicional, al momento de evaluar cada una de las postulaciones, deba escuchar la opinión de un representante del equipo técnico de Gendarmería y también del Ministerio Público.

“A propósito del caso Ámbar, como bancada estamos presentando un proyecto que busca aumentar el estándar, y hacer mucho más estrictos los requisitos que se requieren para postular y conceder las libertades condicionales en nuestro país”, señaló el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto.

“En el caso de Ámbar falló el Estado de Chile, y también la legislación que existía al momento de determinar la libertad condicional de Hugo Bustamante, legislación que fue modificada y endurecida el año 2019, pero que requiere ahora una nueva modificación”, agregó.

El parlamentario detalló que “lo que estamos haciendo a través de este proyecto es exigir como requisito imperativo y copulativo que, para poder conceder la libertad condicional, exista un informe favorable psicosocial de parte de profesionales de Gendarmería que establezcan que está en condiciones de poder asumir dicho beneficio. De lo contrario, no podrá postular ni concederse la libertad condicional. De igual manera, se pide la que la comisión de libertad condicional escuche al Ministerio Público en causas donde le ha correspondido participar”.

Por su parte, la diputada del Distrito 6 y principal impulsora de la comisión investigadora del caso Ámbar, Carolina Marzán, sostuvo que “la importancia del proyecto que elaboramos radica en que los informes sean determinantes para conceder el beneficio de la libertad condicional”.

“En el caso de Hugo Bustamante había un informe desfavorable de Gendarmería que no recomendaba este beneficio. Sin embargo, como la legislación en ese momento lo permitía, se accedió a esta acción, no primando el criterio de que que un asesino de esta naturaleza jamás debió haber salido de la cárcel”, argumentó.

En tanto, la diputada y subjefa de la bancada, Loreto Carvajal, explicó que “mientras el Estado no asuma la responsabilidad de generar un Tribunal de Ejecución y Cumplimiento de penas que permita solucionar estructuralmente estas debilidades normativas, es necesario avanzar con mayores requisitos para la libertad condicional”.

“Hacemos un llamado al presidente de la Comisión de Constitución que ponga este proyecto en tabla y le dé la urgencia necesaria, tal como lo ha hecho con iniciativas que tienen que ver con el caso Ámbar, y que buscan que este hecho tan dramático no se vuelva a repetir”, remarcó.