Después de que Ecuador concediera asilo diplomático a Julian Assange, creador del sitio de denuncias WikiLeaks y refugiado en su Embajada de Londres, una nueva polémica se ha establecido alrededor de este caso: un choque de legislaciones internacionales.

A pesar de que en Latinoamérica el asilo político es un derecho reconocido por una mayoría de países, en Europa no es así. Por esto, la decisión ecuatoriana ha supuesto una complicación al caso del hombre que está acusado de abusos sexuales en Suecia y que, según algunos de sus cercanos, también podría ser enjuiciado por espionaje en Estados Unidos, luego que WikiLeaks publicara una serie de documentos diplomáticos secretos estadounidenses.

En este marco, especialistas en Derecho Internacional y en Ciencia Política de 2 universidades chilenas, nos explican los diferentes ámbitos judiciales implicados en este complejo caso.

DERECHO INTERNACIONAL

Acerca de la posibilidad de que las autoridades británicas entren por la fuerza en la Embajada ecuatoriana -según denuncia Quito- la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Diego Portales (UDP), Judith Schönsteiner, aclara que en la legislación internacional “existe una ley de la Convención de Relaciones de 1964 que declara la inviolabilidad de las embajadas”.

Por otro lado, el doctor en Ciencia Política de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), Fernando Villamizar, sostiene que “los británicos poseen una ley llamada diplomatic and consular premises act 1987, según la cual se permite a las autoridades británicas renunciar al estatus diplomático que tenía un local” y, por lo tanto, podrían entrar en la Embajada si se violan los Derechos Internacionales.

LEY CASI SIN USO

Esta son las 2 legislaciones que chocan en este caso, aunque los expertos británicos simplemente creen imposible que se termine “violando” la sede diplomática sudamericana.

Según Lord Alex Carlile, un ex abogado del partido liberal-demócrata, un asalto a la Embajada sería un escándalo mayúsculo.

Para Chris Brown, profesor de Relaciones Internacionales en la prestigiosa London School of Economics (LSE), no hay “ninguna posibilidad” de que Londres aplique al caso Assange esta ley de 1987, que fue votada tras la muerte en 1984 de una mujer policía por un disparo proveniente de la Embajada de Libia en Londres.

El texto sólo se ha aplicado una vez, en 1988, para desalojar a unos okupas de la Embajada de Camboya.

EXTRADICIÓN

Otro de los temas que enmarañan este caso y que involucra además, a los gobiernos sueco y estadounidense, es la posible extradición a EEUU.  Aunque por ahora no existe la orden de arresto por parte de Estados Unidos, al australiano le espera un juicio en Suecia, donde es acusado de delitos sexuales. 

Según Schönsteiner por el momento no hay ninguna posibilidad de que Assange sea extraditado ya que “sin esa orden,  según el Tratado Bilateral de Extradición entre Suecia y Estados Unidos, no se puede proceder ni siquiera a buscar o a tomar presa a la persona”.

Así también lo afirma Villamizar, quien añade otro motivo: “Veo bastante difícil que se lleve a cabo la extradición porque en el régimen europeo no se puede extraditar a un tercer país que tenga pena de muerte”, que es la condena impuesta por espionaje en EEUU.

SOLUCIÓN INTERMEDIA

A pesar de que Assange no cuenta con el salvoconducto de Reino Unido y puede ser detenido si abandona el edificio consular, se podría alcanzar una solución negociada que hiciera que ninguno de los países renunciara a su decisión.

Aunque es muy difícil, Villamizar concluye que “lo que puede ocurrir es que se adelante el proceso en Suecia y le tomen las pruebas a Assange en la Embajada ecuatoriana y, cuando haya una sentencia, hacerla cumplir con una negociación con Ecuador”.

Hasta ahora, los magistrados suecos se han negado a ir hasta Londres para escuchar a Assange, respondiendo así a la sugerencia formulada por Baltasar Garzón, el abogado del australiano.

“No hay nada nuevo. Seguimos esperando a Assange”, dijo la portavoz Helena Ekstrand.

Pero la paciencia de los tribunales puede no ser igual a la de los gobiernos, que podrían terminar negociando para intentar desenredar esta madeja judicial y diplomática.