Por 98 votos a favor, 26 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión especial investigadora encargada de analizar la crisis surgida en torno al recambio de medidores inteligentes del suministro eléctrico.

La instancia recabó los antecedentes relativos a la participación y actuaciones del Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, respecto del proceso de reemplazo de los medidores domiciliarios en el servicio de distribución de energía eléctrica, así como su impacto en el costo final para los usuarios.

El documento emanado por el grupo parlamentario y aprobado por la Sala alude a la responsabilidad, tanto de exautoridades del sector energía como a las empresas distribuidoras, en la implementación de una política pública “deficiente” y “poco transparente”.

El texto apunta a dos personeros de la administración del segundo gobierno de Michelle Bachelet: el exministro de Energía, Andrés Rebolledo, y el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, tanto por el diseño del plan, como por la negligencia en la elaboración del informe tarifario por parte del organismo.

Asimismo, en el documento se acusa que el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso y que sustentó el plan de recambio de medidores, no abarcaba este tema, sino que fue agregado posteriormente por parte del Ejecutivo.

Otra conclusión del escrito es que hubo un aprovechamiento del desorden normativo por parte de algunas empresas distribuidoras para instalar medidores inteligentes, aún sin existir las especificaciones técnicas de los equipos.

“Enel y otras empresas cobraron impropiamente a los usuarios el coste del recambio de medidores, aumentando sus cuentas de forma inesperada y abusiva”, se especifica.

El informe aprobado también responsabiliza a la exministra de Energía de Sebastián Piñera, Susana Jiménez, por no haber abordado la crisis de manera adecuada, “debido a que el Gobierno se mostró impreciso, contradictorio y errático en las decisiones que tomaron”.

El informe propone que se avance en una mayor participación ciudadana, con el objeto de que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a registrarse.

Además, recomienda que las obligaciones de implementación de los sistemas de monitoreo no recaigan solo en las empresas distribuidoras y que, efectivamente, es necesario la implementación de los medidores, pero con plazos realistas.

Uno de los temas que detonó la crisis de los medidores y que dio origen a esta investigación fue el anuncio, hecho en 2018, en el que se mencionaba que el recambio tecnológico de estos aparatos tenía un costo aproximado de mil millones de dólares, a costo de los propios usuarios a través de un alza de tarifas, a pesar de que el nuevo medidor sería igualmente de propiedad de la compañía distribuidora.