El convencional de Pueblo Constituyente, Manuel Woldarsky, planteó este martes la posibilidad de ampliar la Convención Constitucional a dos años y no a nueve meses más otros tres prorrogables como establece la el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de Noviembre.

Woldarsky dijo que el periodo actual le parece “absolutamente insuficiente” y llamó al Parlamento a que “sí es necesario ampliar ese plazo, por favor, que se amplíe”. Consultado por cuanto tiempo debe ser, el exLista del Pueblo respondió: “Yo creo que debiese ser en total de dos años, pero si es más mejor”.

Al respecto se pronunció el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, quien calificó la idea como “apresurada”.

“Entre hoy día y mañana, se va a empezar a constituir la Secretaria Técnica, cuya primera tarea es proponer al Pleno un cronograma de trabajo. Los borradores que hemos estado preparando en los distintos equipos dan cuenta de que el trabajo constituyente se puede hacer dentro de los periodos que están contemplados dentro de la Constitución”, indicó Bassa.

“Reitero que hasta ahora no hay buenas razones para pensar que necesitemos más tiempo, y es muy importante tomar el ejemplo de lo que fue el trabajo de comisiones provisorias. Durante el mes de agosto trabajaron de manera muy intensa, no solamente para producir doscientas veintitantos, 230 artículos de distintos reglamentos, sino que también para recibir de forma paralela, en audiencias públicas, a mas de ochocientas audiencias”, remarcó.

El convencional enfatizó que “el trabajo que hemos demostrado en este periodo de instalación, da cuenta de manera satisfactoria que el trabajo que se nos ha mandatado puede ser hecho en los 6 meses más los 3 meses de prórroga que contempla la Constitución”.

“Si eventualmente volvieran en el camino, volvieran a surgir inconvenientes o imponderables, como ha pasado durante el mes de septiembre, habrá que evaluarlo en su momento. Pero hoy día, con la información que tenemos hasta ahora, con los cronogramas que se están trabajando de manera preliminar, con el proceso de instalación de las comisiones, y especialmente con la experiencia acumulada de estos tres primeros meses, me parece que no hay buenas razones para adelantar la discusión, respecto a una prórroga, mas allá de los plazos que establece la Constitución”, sentenció.

VIOLENCIA ESTALLIDO SOCIAL

Bassa se refirió a los incidentes que se desarrollaron a lo largo del país en la conmemoración del segundo año del estallido social.

“Es muy importante hacer la distinción de lo que han sido los saqueos y ese vandalismo que hemos visto en distintas manifestaciones, y lo que es la manifestación propiamente tal. Muchas veces desde ciertos discursos, se trata de borrar esa frontera y confundir ambas manifestaciones como si fueran una sola”, consignó el vicepresidente del órgano constituyente.

“Como si la manifestación de voluntad popular, que se expresa masivamente, en el pueblo movilizado en las calles, fuera equivalente y fuera lo mismo, que el vandalismo y el saqueo”, cuestionó el abogado, catalogando estos últimos como “hechos criminales que evidentemente condenamos y que no forman parte de la movilización social que está empujando este proceso constituyente”.

“Por eso es tan importante no solamente recordar el inicio de la revuelta, un 18 de octubre, sino que recordar también lo que fue la marcha más grande de la historia del 25 de octubre de 2019, donde millones de personas a lo largo del país se manifestaron muy claramente en favor de cambios estructurales”, destacó.

Consultado por la inclusión de personas detenidas la última noche en proyectos legales de indultos, el convencional del Distrito 7 remarcó que “tendría que ver en que condiciones, habrían sido detenidas estas personas, preferiría no pronunciarme al respecto todavía”.

Finalmente, ante la posibilidad de que la mesa directiva de la Convención se pronuncie sobre los incidentes de este 18 de octubre, Bassa indicó: “Hasta donde yo recuerdo, la Convención Constituyente no está gobernando y el orden público es responsabilidad del Gobierno. Antes de pedirle a los actores políticos que hagamos condena de ciertos hechos”.

“Yo creo que la sociedad tiene que pedirle explicaciones al Gobierno, de cuáles son las condiciones a partir de las cuales garantice el orden público, porque el riesgo permanente que tenemos de violaciones masivas a los Derechos Humanos surge precisamente, de la forma en que el Gobierno despliega la fuerza policial”, cerró.