El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió este martes a la polémica respecto a la situación del convencionalista Rodrigo Rojas Vade, quien anunció que renunciará a la Convención Constitucional, pese a que aún no existen los mecanismos para ello.

El secretario de Estado se mostró a favor de buscar una reforma constitucional para que deje su escaño, siendo esta, a su juicio, la mejor opción para dejar atrás el “vacío legal”, ya que se debe resolver “con las normas que nuestra Constitución provee y efectivamente una reforma quizás sea el camino adecuado para problemas como este”.

“En general, el tema de la renuncia en el ámbito parlamentario no es un tema que haya sido resuelto, porque son cargos irrenunciables por definición y eso para evitar también las presiones que puedan recaer sobre una persona en un momento determinado por las razones que fuera”, añadió.

Asimismo, expuso que “en la última reforma se incorporó la posibilidad de cuando hay una situación de enfermedad grave que le haga imposible funcionar ahí se pudiera avanzar en una renuncia, pero en reglas generales los cargos son irrenunciables y por lo tanto habría que establecer una norma que garantice una cierta irrenunciabilidad para evitar que las personas empiecen a ser presionadas y puedan salir”.

“Pero cuando se producen situaciones en donde hay la voluntad y la necesidad, como pareciera existir en este caso, hay que facilitar una reforma constitucional. Si hay situaciones de extremada gravedad, hay que abrir una válvula de escape, porque si no el sistema a veces genera explosiones y eso es lo que hay que cuidar y cautelar”, comentó Larraín.

PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD

El titular de la cartera de Justicia valoró la reunión que sostuvo la mañana de este martes con la mesa directiva de la Convención, donde se barajaron las primeras ideas para que personas privadas de libertad puedan ser parte de la discusión constitucional.

“A nosotros nos parece muy positivo que se haya pensado también en ellos, porque son personas que no obstante estar privadas de libertad son ciudadanos que pueden ser considerados en su opinión respecto de los temas que les afligen en el ámbito penitenciario, en la reinserción social y en otros que también pueden aportar”, explicó.

En esa línea, dijo “adicionalmente se ha abierto el tema de la participación electoral que podían tener las personas privadas de libertad y hemos manifestado nuestra plena concordancia con que ese derecho lo tienen las personas privadas de libertad, pero que por distintas circunstancias no ha podido ser ejercido”.

“Hemos elaborado estudios con el propósito de abrir el espacio para que esas personas privadas de libertad puedan ejercerlo, los que están en manos de la Segpres (Secretaría General de la Presidencia), porque es el organismo de Gobierno que se vincula con el Servicio Electoral (…) nosotros nos vamos contactar con el ministro Ossa con la finalidad de avanzar en esto”, cerró.