La Asociación Chilena de Municipalidades pedirá a la Contraloría General de la República que revise -caso a caso-  la situación de los municipios que han sido fiscalizados por la utilización de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y cuyo informe da cuenta de irregularidades  por más de $36.000 millones.

Ello porque el ten fiscalizador estimó que muchos de los municipios involucrados habían utilizado los recursos suministrados por el Estado  en “fines distintos a los previstos en la ley”.

La agrupación pide, asimismo, que se actualice el informe y se incorporen a él las modificaciones legales posteriores.

PRECISIONES

Al reaccionar ante la publicación del informe, la ACHM más allá de lo atendible sobre lo expuesto, “lamenta que este escrito se haga público, pasado prácticamente un año de realizada la fiscalización que dio origen a dicho documento”.

Para el organismo, “dicha fiscalización, si bien reconoce algunos cambios posteriores, no refleja,  actualiza, ni hace uso de las recientes modificaciones legales introducidas por la Ley 20.550, vigente desde el 26 de Octubre 2011 y con efecto retroactivo, Ley en cuya tramitación legislativa  asistió el propio Contralor General de la República”.

“Las citadas modificaciones legales fueron incorporadas, porque a juicio del legislador, la Ley SEP contenía elementos ambiguos que inducían a una inadecuada aplicación de la misma, cuestión que en la práctica sucedió y que explica, en parte, los resultados expuestos”, señala.

Los municipios además afirman que desde la implementación de la Ley SEP, el año 2008, “se enfrentaron a orientaciones poco claras y confusas por parte del Ministerio de Educación, y no contaron oportunamente con instrumentos necesarios para la adecuada implementación de esa norma”.

APOYO A FISCALIZACIÓN

En la declaración, firmada por el alcalde Raúl Torrealba, el organismo señala que apoyará a los municipios que requieran asesoría técnica y jurídica para resolver los problemas derivados de las interpretaciones y confusiones que dieron lugar “a los gravosos resultados de esta fiscalización, lo que además lesiona la imagen pública respecto de la probidad de los gobiernos locales”.

Finaliza que “aunque valoramos el rol de la Contraloría General de la República,  consideramos, empero, que el Estado de  Chile requiere de una urgente modernización de sus gobiernos locales, con organismos nacionales de control que asuman un rol preventivo y educativo, junto al fiscalizador”.