El ministro de fuero Alejandro Solís procesó al director de la Escuela de Artillería y ex jefe de plaza de la provincia de Linares, entonces coronel Gabriel del Río Espinoza, como autor de los delitos de secuestro calificado de María Isabel Beltrán Sánchez, Anselmo Antonio Cancino Aravena, Héctor Hernán Contreras Cabrera, Alejandro Robinson Mella Flores y José Gabriel Campos Morales. Esto, en el marco del episodio que investiga la desaparición de militantes del MIR y del Partido Socialista en Linares entre septiembre de 1973 y enero de 1974.

En el auto de procesamiento, el magistrado expresó que "no obstante la negativa de Gabriel del Río Espinoza en reconocer su participación, en calidad de autor de los delitos de secuestro calificado" en la causa existen antecedentes que permiten presumir su autoría en el ilícito.

Según lo establecido en el la resolución, el encausado en las declaraciones indagatorias que prestó ante el tribunal reconoció haberse desempeñado, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 20 de enero de 1974, como director de la Escuela de Artillería de Linares, con el grado de coronel e intendente y jefe de plaza de la provincia de Linares.

Del Río, además, admitió que "el Servicio de Inteligencia integrado que funcionó en la Escuela en 1973 dependía de (Jorge) Zincke y de (Claudio) Lecaros pero ambos estaban bajo su responsabilidad", según consta en el dictamen.

En ese período fueron detenidos los cinco miembros del MIR y del PS de quienes se perdió la pista tras haber permanecido recluidos en la Escuela de Artillería de Linares.

Con esta nueva encargatoria de reo, el ministro Solís complementó la decretada en junio de 2003 contra el ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex comandante de Guarnición de Santiago, Jorge Zincke Quiroz.

En esa oportunidad, Solís también encausó al ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno militar, general (R) Humberto Julio, y a los ex uniformados Carlos Morales, Félix Cabezas, Juan Morales, Claudio Lecaros, Antonio Aguilar y Héctor Torres.

El juez no ordenó embargar los bienes de Del Río, pero se negó a otorgarle la libertad provisional pues constituye un peligro para la sociedad "atendida la multiplicidad de los delitos que se le atribuyen, así como la gravedad de la pena asignada a los ilícitos referidos", sostuvo en su resolución.