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Cómo el juez Madrid descubrió laboratorio secreto del Ejército investigando el caso Frei

Pese a que los especialistas que operaron al ex Mandatario declaran que el fallecimiento se puede explicar por causas médicas y no por acción de terceros, lo conocido públicamente es sólo una parte del expediente y faltan aún cerca de doce tomos que permanecen en la caja fuerte del magistrado.

Martes 5 de septiembre de 2006

Jorge Molina Sanhueza

Una reunión reservada llevada a cabo el 13 de octubre de 2000 en La Moneda, dio inicio al capítulo más secreto de la investigación que sustancia el ministro en visita Alejandro Madrid por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Ese día, el entonces subsecretario del Interior, Jorge Burgos, el ex director de Investigaciones Nelson Mery y María Teresa Muñoz, actual procuradora fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado (CDE), generaron una fórmula de trabajo para establecer si el ex Mandatario había muerto por acción de un agente patógeno externo.

Mery, unos días más tarde, se reunió con la ex presidenta del CDE, Clara Szczaranski y el propio Burgos y los detectives Nelson Jofré y Rafael Castillo, para iniciar esta inédita línea investigativa sin sospechar que meses más tarde se encontrarían con un secreto de Estado guardado en la memoria de personas cuyo perfil se funda en la gélida reserva de sus acciones.

En una primera instancia, la indagatoria se realizó "de oficio" y el policía Jofré se dirigió hasta el Instituto de Salud Pública (ex Bacteriológico) para que los profesionales que allí laboran contaran cómo el organismo, manejado por oficiales de Ejército desde 1973 hasta 1990, había realizado actividades secretas cuyos fines, hasta ese momento, eran desconocidos.

Pruebas perdidas

Así fue como se descubrió que en junio de 1981 llegó a Chile un cargamento de toxina botulínica. Hasta ese momento nadie sabía realmente para qué, pero se sospechaba que había sido usada para envenenar a cuatro miristas, en diciembre del mismo año en la cárcel pública.

Sin embargo, a poco andar, Jofré obtuvo la declaración de la infectóloga María Eugenia Valenzuela Montero, especializada en bacterias anaeróbicas, como el botulismo, quien le aseguró que mientras Frei estuvo internado en la clínica Santa María, llegaron muestras de hemocultivo para ser analizadas, pero que ya no quedaban registros de los resultados.

Pese a este dato, la toxina botulínica seguía en el limbo de la investigación.

Pasaron así casi dos años, hasta que la familia Frei se hizo parte en el proceso por el homicidio del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, cuando el nexo con la indagatoria del ex mandatario pareció aclararse.

Recinto secreto

El primero en entregar la información fue el coronel (R) del Ejército de la sección sanidad,. Sergio Rosende Oyarzu, estampado a fojas 313 del caso Frei. El profesional confirmó que la toxina había sido traída especialmente para el Laboratorio de Guerra Bacteriológica y que el responsable de la "importación" era su jefe.

Este último era el doctor que trabajaba para la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Eduardo Arriagada Rehren, quien consiguió traer la mortal enfermedad gracias a los oficios del director del Bacteriológico, coronel Joaquín Larraín Gana y al representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Virgilio Scutia.

Arriagada Rehren tardó más de un año en prestar declaración ante el ministro Madrid, aunque los detectives establecieron que en 1982 el recinto que dirigía y que se ubicaba nada menos que en Carmen 339, pleno centro de Santiago, estaba en plena producción.

Las sospechas que desde este lugar pudieron haber salido las toxinas con las cuales se habría infectado a Frei y acelerar su muerte se acrecentaron con que el mismo laboratorio fue cambiado a los terrenos de la Escuela de Inteligencia del Ejército, ubicada en San Bernardo y porque el chofer de Frei Montalva era agente de la CNI.

Un barniz de realidad

Si bien hasta ahora sólo se conoce parte de expediente -unas mil fojas- el magistrado guarda celosamente 10 tomos cuyo contenido es secreto y ni el CDE ni el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, tienen conocimiento.

Una de las declaraciones que consta en dicha causa, como también en el expediente de Berríos es la de quien fuera durante años la secretaria de quien ocupara el puesto de jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), Kathia Medina.

La mujer confirmó que en el recinto secreto mencionado se fabricaban poderosas toxinas como armas químicas y que éstas habrían sido usadas para otros fines, aunque no arriesgó a decir si fueron usadas en el caso específico de la muerte de Frei Montalva.

Hasta ahora en la causa los médicos que operaron a Frei, como los que participaron de un u otra manera en el tiempo en que estuvo internado, aseguran que el deceso del ex Mandatario se explica perfectamente por causas médicas y no por agentes externos.

Sin embargo, existen demasiadas coincidencias que de seguro Madrid tiene aclaradas en los diez tomos que mantiene en su caja fuerte y cuya llave mantiene siempre consigo. LN

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