Un inédito caso de violaciones de los derechos humanos abrió ayer la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, por la muerte de unas 20 personas que fueron fusiladas en los días inmediatamente posteriores al golpe del 11 de septiembre de 1973, en los terrenos cercanos al actual Cementerio Metropolitano de la capital.

El abogado Joseph Bereaud, jefe del Programa de DDHH del Ministerio del Interior, que se hará parte en la investigación, explicó que las víctimas están debidamente identificadas, por lo que no corresponden a detenidos desaparecidos.

Añadió que se trataría de individuos con antecedentes delictuales o miembros de minorías sexuales.

AL MARGEN DE TODO PROCESO

"Es muy probable que sea ese tipo de personas. Recordemos que en los días siguientes al golpe se realizaron razzias contra delincuentes no sólo en Santiago, sino que en todo el país. En el Informe Rettig se habla de víctimas ejecutadas al margen de todo proceso, por el solo hecho de tener antecedentes penales", señaló el abogado.

En cuanto al origen de esta investigación, Bereaud explicó que la ministra Elgarrista la abrió de oficio, es decir, por iniciativa propia, después de encontrar en otras causas de derechos humanos a su cargo certificados de defunción e informes del Servicio Médico Legal (SML) que mencionaban hallazgos de cadáveres con orificios de bala en esos terrenos.

LOS SOSPECHOSOS DE SIEMPRE

Acerca de los responsables de estas muertes, el abogado Bereaud recordó que siempre se ha sospechado de la participación de las comisarías de Carabineros del sector sur y del Regimiento de Infantería de San Bernardo en los hechos de represión política que se registraron en la zona sur de la capital con posterioridad al golpe. Por ejemplo, los fusilamientos de Paine.

Bereaud agregó que entre las víctimas también puede haber casos calificados que se incluyeron en el Informe Rettig y que efectivamente corresponden a partidarios de la Unidad Popular.

Acerca del destino de los cuerpos, señaló que en su mayoría se les remitió al Cementerio General para su sepultación.

La causa fue rotulada como "Cementerio Metropolitano". Por el momento la carpeta contiene solamente los certificados de defunción en que constan las muertes de estas personas por heridas de bala, en la vía pública y diferentes fechas, durante la vigencia del estado de sitio que se instauró en todo Chile después del golpe.