Todo el peso de la ley cayó esta semana sobre Chilevisión, y golpeó de paso al resto de los medios que trabajan en el frente judicial.

El viernes 18, un fallo del Primer Juzgado de Garantía de Santiago prohibió que el canal pudiera grabar la formalización de una banda dedicada a robar fuera de los bancos.

La gota que rebalsó el vaso, para el juez Fernando Guzmán Fuenzalida, fue que la policía hizo salir a la banda tres veces del calabozo en la 26ª Comisaría, luego del control de detención, sólo para que "los medios pudieran captar imágenes que luego serían transmitidas en distintos canales, e incluso hostigaron a la madre de los hermanos Chia González", dice el fallo.

El magistrado aprovechó el impulso para escribir una verdadera crítica de televisión. "La calidad de la información es paupérrima. Los hechos dados a conocer son inexactos o derechamente manipulados. No se informan los fundamentos de las resoluciones judiciales. La versión de la defensa está ausente del tratamiento de la noticia ( ). El tribunal no está disponible para facilitar la entrega de imágenes que queden en la retina de la población para que ésta proceda a linchar extrajudicialmente a los imputados antes de una sentencia condenatoria definitiva", aclara.

La resolución, señala, está fundada en el Código Orgánico de Tribunales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José), la Constitución Política y el inciso final del artículo 289 del Código Procesal Penal.

Y está tan vigente que las cámaras de la estación de Sebastián Piñera quedaron fuera de la formalización de José Durán, acusado de "grooming" (acoso sexual a través de internet).