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  Corte pide a jueza explicar prohibición de informar identidad de abogado

  Corte pide a jueza explicar prohibición de informar identidad de abogado

  Este lunes pasadas las 22:30 horas el abogado Toledo decidió entregarse a la justicia y se presentó en las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec).

Miércoles 4 de junio de 2008 + Sigue a La Nación en Facebook y Twitter


La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por el Colegio de Periodistas que impugnaba la resolución de la jueza del Séptimo Tribunal de Garantía, Cecilia Pastene, quien prohibió informar el nombre -así como publicitar fotografías- del abogado Pedro Toledo Barrera, formalizado el lunes pasado por estafar en 1.100 millones de pesos a un cliente.

Los ministros Alfredo Pfeiffer, Raúl Rocha y el abogado integrante Álvaro Arévalo ordenaron a la magistrada informar, en un máximo de cinco días, las razones para proteger la identidad del imputado "bajo apercibimiento de aplicarle alguna medida del auto acordado respectivo", reseña el dictamen.

Si no cumpliera con el plazo establecido, Pastene arriesga alguna de las sanciones disciplinarias que impone la normativa que rige los recursos de protección. Asimismo, la sala dispuso que la magistrada remitiera todos los antecedentes del caso.

Entrega

En tanto, la noche del lunes el abogado Toledo decidió entregarse a la justicia y se presentó en las dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la policía civil, ya que los detectives de la unidad habían recibido pocas horas antes una orden de detención en su contra emanada del mismo Séptimo Tribunal de Garantía, el que estaba cumpliendo lo ordenado por la Corte que, el sábado pasado, decretó la prisión preventiva del imputado tras considerar que era un peligro para el éxito de la investigación. Toledo fue ingresado al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago I.

El sujeto enfrenta cargos por estafa luego que el fiscal Centro Norte, José Ignacio Escobar, lo formalizara por la presunta apropiación de $ 1.100 millones que pertenecían a uno de sus clientes, un empresario metalúrgico que lo contrató para definir un acuerdo por una demanda de paternidad.

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