En el palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó esta mañana la ley de transparencia de la función pública y acceso a la información del Estado.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la UDI, senador Juan Antonio Coloma y su antecesor Hernán Larraín, pero fue notoria la inasistencia de algún representante de la mesa del otro partido opositor, Renovación Nacional.  En Palacio se encontraba el diputado ex RN, Alberto Cardemil, pero se retiró antes del inicio de la ceremonia, aduciendo que debía cumplir otras actividades.

Consultado por la prensa, Coloma destacó que esta "ley de transparencia debe ser apoyada por todos" los sectores políticos, pero evitó polemizar con la ausencia de sus socios aliancistas.  "No generemos algún tipo de conflicto", aseguró, añadiendo que "no tenia idea si iban a venir o no" sus colegas del partido de Sebastián Piñera. Explicó su presencia, además, porque el senador Larraín fue uno de los promotores de este nuevo marco legal.

La nueva ley, según explicó la Presidenta Bachelet, "cambiará drásticamente la forma en que el Estado se relaciona con los ciudadanos", dado que todo organismo fiscal debe garantizar el acceso a la información publica.  

En este sentido, la Mandataria puntualizó que los "altos estándares de probidad pública contribuyen a la lucha frontal y sin contemplaciones contra la corrupción".  

No obstante, dijo estar "consciente que las leyes no producen efectos por el sólo hecho de promulgarlas. Necesitamos que se fortaleza la cultura de la corrección de procedimientos y consiguientemente el rechazo social a las prácticas turbias que provengan tanto del sector público como privado".  

De ahí que al final de su discurso- reafirmó su rechazo "a todo tipo de corrupción, venga de donde venga y sin doble discurso, porque la corrupción es un mal social que no tiene bandera política, sino responsables individuales, que deben responder ante la justicia de sus delitos".  

ADECUACIÓN  

La ley entra en vigencia ocho meses después de su publicación en el Diario Oficial, que es el periodo que tendrán los organismos del Estado para adaptarse a esta nueva normativa.

Entre las nuevas disposiciones, se determina que los servicios públicos deberán publicar y actualizar mensualmente en sus sitios webs información como personal, remuneraciones, tipo de contrato, bienes, servicios, asesorías, actos y resoluciones, etcétera.

Para supervigilar esta tarea, se crea un Consejo para la Transparencia, conformado como organismo autónomo, que en su cabeza tendrá un consejo directivo integrado por cuatro personas que ocuparán dichos cargos por un lapso de seis años.  

Dichos miembros serán nominados por la Presidenta de la República previo acuerdo de los dos tercios del Senado.