En rigor, el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina dio lugar a las solicitudes presentadas por los abogados querellantes Germán Aravena Triviños y Renato Jiménez Ramírez.

Jiménez, en representación de agricultores y habitantes de la localidad de Punucapa, sostuvo que su solicitud apunta a realizar diligencias pendientes ante la Conama y Celco, entre otros, a lo que agregó una petición para "interrogar a ejecutivos e incluso funcionarios de la planta de celulosa", dijo.

El abogado Aravena, representante de los dueños de la embarcación turística Neptuno, indicó que pidió realizar cerca de "diez diligencias que nunca fueron hechas en su momento por la fiscalía", dijo. "Por lo mismo nos había sorprendido que hace unas semanas se haya cerrado la investigación", agregó.

Para hoy, en tanto, se espera que el abogado de los armadores fluviales, Carlos Herrera, presente un nuevo oficio para que se cite a declarar a Nelson Lagos, doctor en ciencias biológicas e investigador asociado de la Universidad Santo Tomás, que elaboró el informe que "sindicaría" a Celco "como responsable de la hecatombe al medio ambiente".

El escrito pide que se aclare la relación entre las "excesivas" descargas de residuos de la celulosa en 2004 y 2005, las sanciones de la Conama a la firma en el mismo período, la coincidente mortalidad de cisnes, luchecillo y taguas, y la no reproducción de los cisnes a partir de esa fecha.

En un segundo texto dirigido a la fiscalía, Herrera pide que se cite a los guarda fauna de Conaf, a María Luisa Keim por la sanción aplicada a Celco por exceso de clorato vertido, a Luis Zaror para que explique las mediciones no realizadas en 2004, y a Lissette Pérez para que declare sobre el informe policial de la Bridema en torno a los ductos no autorizados de Celco.