A 18 años de la primera denuncia realizada en tribunales por las inhumaciones ilegales en el Patio 29 del Cementerio General, ayer el ministro en visita Alejandro Solís comunicó a los familiares de dos detenidos desaparecidos y un ejecutado político, erróneamente identificados a comienzos de los noventa, que los nuevos exámenes arrojaban un 99,998% de certeza.

Los restos corresponden al mecánico Waldemar Monsalvez Toledo, al estudiante de Medicina Pablo Aranda Schmied y al lustrabotas Nelson Muñoz Torres, todos desaparecidos en septiembre de 1973 tras el golpe militar.

Consultado por los resultados de los análisis científicos, el juez Solís manifestó que se trata de "una resolución que estimo muy importante que demuestra el avance de la investigación sobre los restos de los detenidos desaparecidos. Se me ha entregado por parte del Servicio Médico Legal (SML) los tres primeros informes integrados de identificación".

Las pericias genéticas fueron realizadas por el Laboratorio University of North Texas Health Science Center, donde se practicaron exámenes de ADN mitocondrial, nuclear ATR y de cromosoma Y para verificar la compatibilidad con las muestras obtenidas de los familiares, precisó el magistrado.

Sobre los informes finales, el director del organismo legista, Patricio Bustos, expresó que "SML ha cumplido su compromiso institucional de aportar a la verdad para abrir paso a la justicia. Hemos identificado a tres víctimas de la dictadura, aprendiendo de nuestra experiencia forense (…) para después integrarla a los informes genéticos de laboratorios extranjeros".

Asimismo, el doctor Bustos anunció que esperan seguir entregando informes concluyentes sobre víctimas del Patio 29 con "una periodicidad de semanas".

Por su parte, la delegada presidencial en materia de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, sostuvo que la Presidenta Michelle Bachelet ha sido informada de este proceso a pesar de encontrarse fuera de Chile, y destacó que los informes de identificación entregados ayer son "contundentes y muy claros".

En ese sentido, agregó que "esta es una noticia muy importante (para el gobierno) pues se ha cumplido con un compromiso que la Presidenta asumió (en 2006) con los familiares, con las agrupaciones, y con cada una de estas familias a las que les ha resultado muy difícil lo que han tenido que vivir". Por ello, calificó la diligencia como el comienzo para cerrar un largo proceso.