La institucionalización de la defensoría laboral es el último paso para completar la implementación de la exitosa nueva justicia laboral que comenzó en marzo del 2008.

Pero esta iniciativa no sólo contempla una ley que respalde la protección judicial de los trabajadores, sino que aborda un proyecto mucho más amplio que consiste en crear un Servicio Nacional de Asistencia Judicial.

En la actualidad, los trabajadores que perciben un ingreso familiar cercano a los $380.000 tienen acceso a defensores gratuitos en los juicios laborales, que los representan en la defensa de sus derechos ante los empleadores.

Pero estos abogados especializados sólo son parte de un programa instaurado por el Ministerio de Justicia, implementación que a su vez depende de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).

Así, al ser sólo un programa gubernamental, queda sujeto a las disposiciones del Ejecutivo de turno. Para dejar establecida la defensoría laboral como una función de Estado es que se elaboró el proyecto que está pronto a enviarse al Congreso para ser discutido y convertirse en norma.

En esta línea, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a través de su presidente Arturo Martínez, expresó su inquietud sobre el tema.

"Nosotros hemos peleado por una defensoría gratis para los trabajadores, falta el proyecto para que sea ley… hoy hay un programa y tenemos incertidumbre de lo que venga con el otro gobierno, si el programa se mantiene o no, ojalá que ése sea uno de los proyectos que parta al Parlamento pronto para que tengamos una defensoría por ley", acotó.

Pero el ministro de Justicia (S), Jorge Frei, despejando toda duda al respecto, afirmó que "el proyecto de ley será enviado antes del término del gobierno de la Presidenta Bachelet. Es un compromiso", subrayó. Agregó que "estamos viendo los últimos detalles con la Dirección de Presupuestos, va a ser un Servicio Nacional de Asistencia Judicial".

En la práctica, el servicio contará con asesoría legal gratuita para todas las personas en los distintos ámbitos de sus vidas.

Así, no sólo los trabajadores podrán acceder a una justicia profesionalizada, pues el anteproyecto de ley establece cuatro líneas de defensa especializada: derechos laborales, materias de familia, defensa civil y asistencia a víctimas de delitos violentos o de alta connotación social, explicó el secretario de Estado.

La asesoría jurídica integral que plantea la iniciativa está enfocada a entregar una asistencia experta, en la cual las personas que cuenten con menores recursos serán asistidas sólo por abogados capacitados en las distintas materias.

"Lo que se busca es profesionalizar la defensa. Sólo abogados con gran estándar y calidad en la asesoría jurídica", enfatizó Frei.

DEFENSORÍA DEL EMPLEADOR

Una de las reformas laborales planteadas por el Presidente electo Sebastián Piñera, consiste en la creación de una defensoría gratuita para aquellos empleadores que cuenten con un máximo de 10 trabajadores, planteamiento que deberá ser debatido junto con otras reformas laborales que ha esbozado el futuro gobierno.

En este sentido, el ministro subrogante de Justicia señaló que la reforma laboral ha puesto el acento en los trabajadores por ser ellos los más desprotegidos y no los empleadores.

"Esta reforma a la justicia laboral ha permitido por primera vez entregar igualdad ante la ley para la defensa de los derechos de los trabajadores, (ya que) no era en los empleadores donde existía una situación de desigualdad", indicó.

A su juicio, el sector empresarial está capacitado para crear instancias de apoyo legal que puedan defender sus intereses y que para esto no es necesaria la participación del Estado, "no veo ahí el rol subsidiario del Estado. El Estado está para subsidiar a los trabajadores de escasos recursos", subrayó.

En la misma línea, el abogado experto en materias laborales de Consultores Legales Asociados, Alejandro de la Vega, opinó que esos recursos estatales deben orientarse a los trabajadores.

"La cantidad de recursos que pudiera haber eventualmente, son para atacar el segmento de gente que no tiene medios para procurarse una adecuada defensa judicial. Entonces partimos de la base de que el empleador se presume que debe tener los recursos, en cambio el trabajador no, ya que éste queda cesante y el empleador sigue trabajando, sigue recibiendo ingresos", enfatizó.